Un grupo de inversores liderados por varios fondos de pensiones estadounidenses han remitido una carta a Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en la que denuncian que Perú no está en condiciones de ser miembro de esta institución por el impago de su deuda.
En concreto, los acreedores denuncian los “reiterados incumplimientos” del país andino a la hora de hacer frente a las obligaciones relacionadas con los denominados Bonos de la Reforma Agraria. Entre 1969 y 1979 se expropiaron casi 10 millones de hectáreas de tierra a cambio de unos bonos. En muchos casos, según los demandantes, la deuda nunca fue reembolsada. El valor de la deuda, según el último cálculo realizado, superaría los 5.000 millones de dólares. Hasta el 20% de los bonos en circulación están ahora en manos de inversores internacionales, incluidos casi 200 fondos de pensiones de EE UU. El resto de la deuda corresponde a más de 5.000 familias peruanas.
La carta incluye un informe realizado por Hans J. Blommestein, responsable de la dirección de deuda pública de la OCDE entre 2001 y 2016, que concluye que los bonos aún se encuentran impagados y representan deuda soberana legítima. “Instamos a que se suspenda la candidatura que Perú ha presentado para ser admitido como futuro país miembro en el seno de la OCDE, al menos hasta que el país, en su informe financiero, brinde información veraz sobre el monto de la deuda representada por los Bonos de la Reforma Agraria, y resuelva la situación que atañe a la deuda aún pendiente de pago”, argumentan los demandantes.
El informe de Blommestein recuerda que el Tribunal Constitucional de Perú reconoció la obligación de este país a pagar los bonos hace más de 16 años. En 2013 el mismo Tribunal emitió un fallo en el que establecía que el pago de la deuda debía vincularse al dólar, lo que no satisfizo a los acreedores debido a la devaluación e hiperinflación que ha sufrido la economía local durante las últimas décadas, lo que reduciría notablemente en monto de sus compromisos.
La apelación de los tenedores de Bonos a que una compañía en default no puede entrar en la OCDE es interpretada como una medida de presión para que el Gobierno de Lima acepte una negociación. La admisión en este organismo es una de las prioridades del país en materia de política internacional, tal y como han señalado altos funcionarios del Ejecutivo en diferentes ocasiones. De hecho, poco después de haber asumido su cargo en 2016, el presidente, Pedro Pablo Kuczynski, anunció que Perú espera formar parte de la OCDE en 2021.
“El presidente Kuczynski no ha tomado ninguna medida para anular el fallo de 2013 del Tribunal Constitucional. Ni si quiera lo ha denunciado públicamente a pesar de que existen pruebas irrefutables que este fallo es el resultado de un comportamiento fraudulento”. Los bonistas recuerdan, además, que Perú no ha informado acerca de la existencia de esta deuda al Fondo Monetario Internacional, al supervisor bursátil estadounidense (SEC, según sus siglas en inglés) y a la Bolsa de valores de Luxemburgo.
Este periódico ha intentado conocer la versión de los hechos de fuentes oficiales peruanas. En la Embajada del país andino aseguran que no cuentan con información sobre ese tema. También se ha intentado sin éxito hablar con el ministerio de Economía de Perú.
Fuente: El País