La Policía Nacional ha comunicado hoy que han desarticulado una organización criminal que, presuntamente, estafó a miles de personas suplantando ficheros de morosidad. Primero les inflaba la factura de teléfono a base de llamadas de tarificación y luego trabataba de quedarse con dinero destinado a saldar deudas pendientes. «El grupo delictivo disponía de un centro de llamadas –call center– desde donde timaban una cantidad media de 1.000 euros por víctima en su factura telefónica», han explicado en un comunicado las autoridades.

El fraude era muy sofisticado y contaba con una organización muy detallada: según la Policía, la mayor parte de las víctimas no percibía el timo gracias a que el diseño y el funcionamiento del proceso delictivo «era tan impecable que aparentaba ser legal, por lo que apenas se han registrado denuncias». Entre otras cosas, contaba con páginas web que falsificaban la apariencia de empresas reales del sector y con el centro para llamadas con 50 puestos para teleoperadores.

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Una media de 1.000 euros por timado

La investigación se inició a mediados del año 2016 cuando se detectó el funcionamiento de esta organización criminal. El timo incluía supuestamente dos sistemas: el primero se basaba en conseguir atrapar a los estafados en llamadas de tarificación adicional que les costaban cientos de euros; el segundo, una vez detectado algún usuario que de verdad tuviera pendiente alguna deuda, era lograr que este ingresara el dinero para saldarla. Y ese dinero, por supuesto, no llegaba nunca a saldar ningún cobro pendiente, sino que acababa en el bolsillo de los supuestos timadores.

Los siete detenidos se hacían pasar por intermediarios de los ficheros de morosidad para eliminar el importe de las supuestas deudas, aunque luego se quedaban el dinero y la deuda seguía existiendo. Para llevar a cabo la estafa, contaban con un centro de llamadas que disponía de más de 50 puestos de operador para la gestión diaria ininterrumpida de cientos de llamadas fraudulentas, simulando ser intermediarios encargados de saldar deudas de morosos. Usaban números de tarificación adicional, que pagaba el timado, ya que los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible, mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones para aumentar la tarificación. Cada víctima sufría un timo medio de unos 1.000 euros en su factura telefónica.

Las llamadas de tarificación especial

El fraude comenzaba con la empresa haciéndose pasar por una compañía legal de las que gestionan los ficheros de morosos. Estas empresas (las que de verdad son legales) disponen de un servicio gratuito para que los usuarios puedan conocer qué datos sobre ellos tiene la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito y puedan solicitar la rectificación o cancelación de los mismos. Las empresas de la trama fraudulenta usaban esta misma información y la ofrecía en su página web de forma supuestamente gratuita. Pero cuando los usuarios consultaban esos datos, se metían en una espiral muy cara: acababan atrapados en un proceso que incluía diferentes llamadas de tarificación adicional (es decir, por las que les cobraban cargos extra muy elevados) de manera fraudulenta. El dinero de esas llamadas de tarificación adicional iba engordando los beneficios de los defraudadores.

Para darse a conocer y aumentar el número de posibles víctimas, según explica la Policía, no dudaban en realizar una campaña de addwords (palabras clave) para posicionar sus páginas web en los primeros lugares de los buscadores. De esa manera, cuando un usuario realizaba una búsqueda en Internet para buscar información relativa a los ficheros de morosidad, en vez de aparecer en primer lugar las páginas legales, aparecían los de la compañía denunciada.

«Las empresas de los detenidos usaban sin autorización las marcas comerciales que eran propiedad de los verdaderos gestores de los ficheros de morosidad. A continuación, confeccionaban sus páginas web para transmitir a los usuarios una apariencia de credibilidad y legalidad y simular que eran los auténticos propietarios de los ficheros de solvencia patrimonial», explica la Policía.

Para sacar de las víctimas el máximo dinero posible a través de las llamadas fraudulentas, los operadores mantenían a los usuarios al teléfono el máximo tiempo posible mediante múltiples silencios y la supuesta realización de gestiones que no tenían otro objetivo que alargar las llamadas de forma innecesaria para aumentar la tarificación. «Con frecuencia, estas llamadas podían llegar a los 30 minutos, que es el tiempo máximo permitido por la ley para las llamadas a los números de tarificación adicional», señalan los investigadores.

Dos timos en uno: recobro fraudulento

En el caso de que las víctimas se pusiesen en contacto con la compañía para solicitar información sobre los ficheros de morosidad, y no estuvieran incluidos en ninguno de ellos, los investigados siempre respondían por defecto que el usuario podría estar incluido por lo menos en dos ficheros de morosidad e indicaban que se debía llamar al número de tarificación adicional para continuar el proceso. Les decían que ese número era gratuito y subvencionado y que la duración media de la llamada sería de cinco minutos. Sin embargo, nunca era posible terminar el proceso de consulta en una sola llamada, aunque el usuario no estuviese incluido en los ficheros de morosidad, obligándole por tanto a realizar varias llamadas.

pero, además, los agentes constataron que las actividades delictivas no se limitaban a  utilizar números de tarificación adicional para obtener el dinero de las víctimas, sino que, además, al finalizar el proceso telefónico remitían a la víctima un informe con el dinero que supuestamente adeudaban y que tenían que ingresar para poder salir de los ficheros de morosidad. Ese dinero se lo quedaban los detenidos y no lo utilizaban para sacar a las víctimas de los ficheros de morosidad, por lo que las personas estafadas se quedaban sin el dinero y seguían incluidas en esos ficheros.

220.000 euros en efectivo y objetos caros

La Policía ha explicado que, después de casi tres años de pesquisas y una vez obtenida toda la información, los agentes establecieron el correspondiente dispositivo operativo y registraron el centro de llamadas ubicado en una localidad de Madrid. Los agentes intervinieron incautaron más de 220.000 euros en efectivo así como numerosos dispositivos electrónicos procedentes del call center desde donde atendían las llamadas con documentación relativa a la facturación y a los clientes de la empresa y documentación física.

También se apoderaron de numerosos objetos de gran valor adquiridos con las ganancias de la actividad delictiva. En el vídeo distribuido por la Policía con imágenes del registro, pueden verse apiladas videoconsolas y videojuegos, zapatillas de marca y objetos de coleccionista vinculados a los viodeojuegos y las series de culto.

«Debido al cambio continuo de empresas y cuentas bancarias utilizadas para recibir los ingresos procedentes de la estafa, de momento no es posible cuantificar con exactitud el importe del fraude investigado, aunque si se tiene en cuenta que hay miles de víctimas y que el dinero que se obtenía de cada una de ellas puede ser cercano a los 1.000 euros, el beneficio ilícito obtenido por los detenidos supera los cuatro millones de euros», explican los investigadores.

Esta operación se enmarca en el Plan de Choque establecido por la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional contra el fraude. Recientemente, los agentes especializados en la lucha contra las ciberestafas han llevado a cabo dos importantes operaciones que, en su total, ha permitido la detención de 69 personas.

Fuente: El País