Acciona ha vendido los derechos de cobro del litigio que mantiene con la Generalitat de Catalunya por el contrato de gestión de Aigües Ter Llobregat. ATLL Concesionaria, sociedad a la que le fue adjudicada incialmente la gestión de la empresa de aguas y en las reclamaciones, está participada en un 76,05% por Acciona; el resto está en manos de Pioneer Investments.

Así, ATLL Concesiones cederá los derechos de cobro del litigio por el contrato a cambio de 170 millones de euros más una parte ligada a la indemnización que, eventualmente, decreten los tribunales de justicia o acepte abonar la Generalitat. Acciona no ha especificado a quién se han cedido los derechos de cobro.

El contrato fue adjudicado en los últimos días de 2012 por el Gobierno de Artur Mas y contemplaba la concesión de la gestión durante cincuenta años de ATLL compañía que gestiona el servicio de abastecimiento de agua a 4,5 millones de habitantes de Cataluña. El importe de la operación ascendió a 1.000 millones de euros. El organismo de control de contratos administrativos de la propia Generalitat, de hecho, se pronunció en contra de la adjudicación, si bien el Govern la hizo efectiva antes de escuchar su opinión.

En 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya anuló dicha decisión, aceptando la reclamación de Agbar. La sentencia fue después confirmada por instancias superiores. En febrero de 2018 el Tribunal Supremo ratificó la anulación del contrato de concesió dictada tres años antes por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Generalitat aprobó este mes de abril la liquidación del contrato de la gestión, qu evaloró en 53,8 millones de euros. Acciona, por su parte, ya anunció en 2018 la presentación de una reclamación contra la Generalitat por la anulación del contrato, exigiendo el pago de 305 millones por la ruptura del contrato, según los informes periciales encargados, a lo que se sumarían 769 millones en daños y prejuicios; en total 1.036 millones

En la comunicación de hoy, Acciona epecifica que la cesión de los derechos de cobro no incluye los 53,8 millones ya reconocidos por el Govern.

Fuente: Cinco Días