El real decreto ley, que entrará mañana mismo en vigor en el BOE, incluye también la desaparición de cualquier tipo de peaje y cargo para la actividad de autoconsumo (ya sea individual o compartido) y la simplificación administrativa para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, que en estos momentos se limitan a un millar frente al millón que tiene Alemania.

Con esta medida, el Goberno aplica el contenido de la proposición de ley que en este sentido presentaron el año pasado todos los grupos políticos, excepto al PP, artífice de la actual regulación.

Así lo explicó la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, donde desgranó un paquete de cinco medidas incluidas en un real decreto-ley de medidas urgentes para la transición energética y la protección de
los consumidores. Ribera indicó que ello le producía una «particular satisfacción». «Por fin este país se libra del gran absurdo del que se han mofado la mayor parte de los observadores internacionales que es el `impuesto al sol'», dijo.

Además, recalcó que el autoconsumo es «una de las medidas que más puede contribuir a la modernización» del sistema eléctrico y llamó a «aceptar con total naturalidad que hay consumidores en mucho mayor número y mucho más diverso».

«Hay que descargarnos de muchas trabas burocráticas que dificultaban esta modalidad de generación y pensamos que esto parte de una premisa fundamental que han respaldado todos los grupos parlamentarios, a excepción del grupo parlamentario popular, reiteradamente en estos últimos años», apostilló.

Con el real decreto ley se simplifican los trámites burocráticos y técnicos requeridos para el autoconsumo, como la inscripción en el registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica para aquellas instalaciones no superiores a 100 kilovatios, y se reconoce
el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala, así como el de autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos.

Ribera defendió el derecho a autoconsumir la energía eléctrica que se produce sin cargo, el reconocimiento del derecho al autoconsumo compartido y la administración administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.

«Un dato significativo del retraso que España lleva en esta materia: pensemos que un país tan rico en sol como es España cuenta con 1.000 instalaciones frente a más de un millón con las que cuenta Alemania», agregó.

Por tanto, queda derogado el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado `impuesto al sol’.

El cargo compensatorio, que fue aprobado en 2015 con José Manuel Soria como ministro de Industria, Turismo y Comercio, gravaba la energía autoconsumida con la justificación del servicio de
respaldo que el conjunto del sistema eléctrico ofrece para cubrir las necesidades energéticas de los consumidores, cuando sus instalaciones son insuficientes.

Las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo menores de 10 kilovatiosestaban eximidas del pago, así como aquellas ubicadas en Canarias y los sistemas de cogeneración.

El Gobierno de Mariano Rajoy vetó la tramitación de una proposición de ley de autoconsumo en el Congreso de los Diputados que establecía la derogación de este cargo.

Sin embargo, su aplicación fue respaldada en octubre del año pasado por el Tribunal Supremo, que desestimó un recurso presentado por la AsociaciónNacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (Anpier).

De hecho, la sentencia rebatía el término `impuesto al sol’. «No hay, frente a la expresión que ha hecho fortuna, ‘impuesto al sol’ propiamente tal, sino contribución a los costes del sistema cuando un autoconsumidor, además de consumir la energía generada por él mismo, dispone del respaldo
del sistema eléctrico para consumir electricidad del sistema en cualquier momento que lo necesite», sostenía el Alto Tribunal.

La sentencia desestimaba también que el real decreto sea contrario al derecho comunitario en materia de fomento de las energías renovables, el mercado interior de la electricidad o la eficiencia energética.

Fuente: Cinco Días