El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha admitido este martes, en declaraciones a Telecinco, que la posibilidad de imponer un pago «simbólico» en las autovías ahora gratuitas «es una cuestión a debatir y sobre la que reflexionar», aunque el proceso ni siquiera se ha iniciado. El ministro respondía así al ser preguntado por una información publicada en el El País en la que se afirma que el Gobierno se plantea establecer un pago «simbólico» por el uso de las autovías, que estaría en el entorno de un 10% de lo que se paga ahora en las autopistas de peaje no concesionadas. Las reacciones no se han hecho esperar: el Gobierno de Andalucía se ha opuesto rotundamente a la idea, como también lo han hecho Fenadismer, patronal de los transportistas y la asociación de consumidores Facua.

MÁS INFORMACIÓN

«Es una cuestión recurrente», ha dicho el ministro Ábalos, que ha recordado que en la legislatura pasada el PSOE ya planteó la creación de una subcomisión de estudio sobre la financiación de la red de carreteras de alta capacidad que no llegó a constituirse. El objetivo de esta subcomisión, ha subrayado, era abordar «desde un punto de vista serio y riguroso» cómo financia España esta red de alta capacidad, concretamente las autopistas y autovías gratuitas para el usuario y que tienen un coste para el erario público de 1.100 millones de euros en conservación.

«Es la única infraestructura en materia de transportes en la que el usuario no abona nada, salvo las concesionadas. En el resto todas están sometidas a un pago por uso. Es una reflexión y también cómo se puede derivar a la política social el uso de estos instrumentos. Pero es un debate que ni siquiera se ha iniciado», ha apuntado el ministro.

Montero defiende el debate

En la misma línea, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha admitido que el Gobierno está estudiando «diferentes fórmulas» que asgeura que ya se aplican en otros países de Europa para el mantener la red de alta capacidad (autovías y autopistas). «Estamos estudiando las diferentes fórmulas que existen en otros países de Europa, contando con los trabajos técnicos iniciados en el Congreso, que no pudieron llevarse a conclusiones, a buen puerto, pero es un elemento, una motivación para recuperar esos trabajos», ha comentado en una entrevista en Antena 3.

Sobre el sistema actual de peajes en las autopistas, la ministra ha valorado que aún quedan los «flecos» de un modelo «caducado y obsoleto». Ha puesto como ejemplo Cádiz, donde asegura que los conductores «llevan más de 40 años pagando el mantenimiento de autovía por una concesión pública».

Andalucía carga contra la medida

La noticia sobre el posible pago en las autovías no ha gustado nada al Gobierno andaluz, formado por PP y Ciudadanos. Su presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha mostrado este martes su oposición frontal a a esa «pago simbólico» en las autovías gratuitas. «El Gobierno del PSOE se niega a pagarle a Andalucía los 4.000 millones que reclama nuestro Parlamento y encima ¡quiere hacernos pagar por usar las autovías construidas con nuestros impuestos! ¿Es una broma? Como presidente de Andalucía me opongo desde ya», ha señalado enérgicamente.

En la misma línea se ha manifestado la consejería andaluza de Fomento, Marifrán Carazo, que ha asegurado a este diario que la Junta no cobrará en las carreteras de su titularidad. En la línea de Moreno, también ha reclamado al Gobierno central que invierta en el mantenimiento de las carreteras estatales que circulan por la comunidad. La propuesta del Gobierno se conoce pocas semanas después de que el Consejo de Ministros aprobara oficialmente el final del peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz a finales de año, una supresión reclamada por todas las fuerzas políticas. La coincidencia tampoco ha sentado bien en la Consejería que cuestiona que justo cuando se está a punto de conseguir que quienes circulan por ese tramo dejen de pagar, se plantea tener que volver a hacerlo.

Por su parte, Cataluña no se opone frontalmente a estudiar cambios en las autovías, pero ha recibido la propuesta de Fomento con escepticismo. La Generalitat considera que la mejor solución es implementar el sistema de la viñeta, una tarifa plana para todos los coches, lo que eliminaría las barreras de los peajes. El consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, ha celebrado que se abra el debate sobre qué hacer ahora que empiezan a vencer las concesiones de las autopistas, pero ha afirmado que “España va tarde”. Calvet, en una intervención en RAC1, ha insistido en que “la solución no es hacer pagar por el uso de las autovías, sino implementar un sistema más amplio e integral que haga que quien use pague, y quien contamine pague”.

La Generalitat lleva dos años estudiando cómo implementar esta tarifa plana, que se inspira en la euroviñeta que pagan los camiones en países como Suecia, Dinamarca, Holanda o Luxemburgo. El sistema se está analizando y será presentado en el parlamento catalán en los próximos meses. Se trata de una tarifa plana para todos los coches que usen las vías de alta capacidad, y que se situaría entre 40 y 110 euros anuales. Mediante esta viñeta se podrían usar las vías sin necesidad de parar en los peajes. El proyecto también estudia modificar el pago, en una segunda fase, según la distancia que recorran los vehículos.

El consejero Calvet ha defendido en varias ocasiones esta medida como una manera de recaudar una tasa para destinarla al fomento del transporte público. La Generalitat ha solicitado una reunión bilateral con Fomento y ha ofrecido Cataluña como laboratorio para implantar la viñeta y, más tarde, ampliar este sistema al resto de España. “Si no quieren implementarlo en todo el territorio, allá ellos, pero nosotros queremos hacerlo lo antes posible”, ha dicho Calvet.

Por su parte, Arcadi España, consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat valenciana, ha señalado a EL PAÍS: «Consideramos que el debate abierto hoy respecto al pago simbólico de las autovías es un tema independiente al de la liberalización de la AP7. De hecho hoy mismo nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Fomento y nos han confirmado que, tal y como estaba previsto, el próximo 1 de enero de 2020 los vehículos que circulen por la AP7 no pagarán peajes».

 «Los valencianos y valencianas hemos pagado peajes durante muchos años y por ello, ante cualquier propuesta que pueda haber en el futuro al respecto del pago por uso en las carreteras españolas, nosotros queremos conocer bien la propuesta para poder estudiarla en profundidad y poder pronunciarnos poniendo, como siempre en primer lugar, los intereses de los valencianos y valencianas así como el de los transportistas, un sector que consideramos fundamental».

Cálculo de las constructoras

La patronal de grandes constructoras y concesionarias, Seopan, ha calificado esta eventual medida de «beneficiosa» tanto para la economía española como para el conjunto de la sociedad. En declaraciones a la Cadena Ser, el presidente de la patronal, Julián Núñez, ha señalado que esta medida tenía que haberse implementado en España «mucho antes», ya que prácticamente en toda Europa se paga por el uso de las vías de alta capacidad.

Las constructoras han solicitado en numerosas ocasiones al Gobierno que contemple la articulación del cobro de un peaje por circular en la red de autovías del Estado, con el fin de obtener los recursos necesarios para costear su mantenimiento, y que deje así de recaer en los Presupuestos. El pasado mes de junio,  en los últimos cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, Seopán propuso el precio del peaje al que estarían sometidas las autovías ahora gratuitas: 0,03 euros por kilómetro para los vehículos y 0,14 euros para los camiones.

Se trata de una tasa que, si bien sería la «más reducida de entre las actualmente vigentes en Europa», permitiría que el Estado recaudar unos 1.200 millones de euros anuales, una cantidad muy similar al coste actual del mantenimientos de las vías de gran capacidad, según Seopán.

Para esta patronal, que coincide en los planteamientos con la asociación de medianas constructoras Anci, España es el país europeo con menor porcentaje de carreteras con peaje, con el 18% del total, frente a 23 países que tienen toda la red tarificada y otros cuatro con tasas en gran parte de ella.

Información elaborada con la colaboración Eva Saiz (Sevilla), Josep Catá (Barcelona), Ferran Bono (Valencia) y Ramón Muñoz (Madrid) 

Los camioneros advierten de que perjudicará a la economía y aumentará los accidentes

Camión accidentado en la autovía A-7 a su paso por Marbella.rn rn Camión accidentado en la autovía A-7 a su paso por Marbella.

La patronal de los camioneros y transportistas también ha reaccionado con duras críticas a la propuesta. «La posible implantación de un pago por el uso de las autovías perjudicaría gravemente las exportaciones españolas, lo que resultaría preocupante en la actual situación de inestabilidad económica», ha señalado Fenadismer en un comunicado.

La federación de pequeños y medianos transportistas ha defendido que se opone a la medida porque el sector ya paga muchos impuestos a través de las tasas a los hidrocarburos. «El sector del transporte por carretera con la actual fiscalidad que soporta, más de 21.000 millones de euros anuales, ya contribuye suficientemente al mantenimiento de las infraestructuras españolas». Asegura que el uso de las autovías, si fueran de pago, «aumentaría los costes de explotación de la actividad del transporte lo que afectaría al valor final de los productos españoles destinados a la exportación».

También la asociación de consumidores Facua se muestra contraria a la propuesta. La organización entiende que la medida supone un auténtico «copago o repago» porque «obliga a los ciudadanos a financiar unas infraestructuras que ya pagaron a través de sus impuestos». En su comunicado defiende que «el mantenimiento de las carreteras estatales debe financiarse a través de los Presupuestos Generales del Estado».

La asociación advierte de que la iniciativa acabará afectando a los usuarios que tienen menor poder adquisitivo, incentivará el uso de las carreteras nacionales —»donde la siniestralidad es más alta y no están mantenidas correctamente por el Estado»— y que supondrá un «claro perjuicio» para quienes no viven en grandes núcleos urbanos y necesitan usar esas vías para acudir al trabajo, colegios u hospitales.

Fuente: El País