El Gobierno de Baleares ha presentado este jueves las principales medidas de la que pretende que sea su futura ley de cambio climático. Entre las actuaciones previstas está el cierre de su única central eléctrica que funciona con carbón, la del municipio de Alcúdia, en Mallorca. El Govern se enfrenta así al ministro de Energía, Álvaro Nadal, que intenta sacar adelante un decreto para impedir la clausura de este tipo de instalaciones argumentando que podría afectar al precio de la electricidad. 

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El Gobierno balear prevé incluir en la norma la clausura progresiva de esta central; en 2020 tendrán que cerrar dos de las cuatro unidades de Es Murterar, en Alcúdia, y en 2025 las dos restantes de la central. Además, las dos centrales que emplean fuel para generar electricidad de Baleares (una en Menorca y otra en Ibiza) tendrán que utilizar gas natural, un combustible fósil que emite menos dióxido de carbono. 

La previsión del Gobierno balear es aprobar su ley de Cambio Climático y Transformación Energética en los próximos meses para que entre en vigor el año que viene. Mientras, en el Congreso de los Diputados los partidos negocian para intentar sacar adelante una ley estatal de cambio climático y un plan de transición energética, tal y como le reclama a España la Comisión Europea. De momento, los planes del Gobierno balear chocan con los del ministro Nadal que intenta sacar adelante un decreto que impida el cierre de las centrales de carbón. 

«El Gobierno central tiene la última palabra», ha reconocido este jueves el consejero de Movilidad, Territorio y Energía, Marc Pons, sobre el calendario de cierre de la central de Alcúdia. El próximo martes el consejero se reunirá con el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, y le planteará este asunto. «Esperamos que Europa le diga al Gobierno de España que se tiene que comprometer con la lucha contra el cambio climático y que interceda ante el Gobierno», sostuvo Pons. El Govern no descarta llevar este caso ante la Comisión Europea.

Las competencias en planificación energética en España están en manos del Gobierno central, como se ha encargado de recordar el Tribunal Constitucional en varias ocasiones. El Ejecutivo central tiene siempre en su mano recurrir al recurso ante ese tribunal y paralizar así las leyes que aprueban las comunidades autónomas si considera que invaden sus competencias. De ahí que Pons reconociera ayer que el Gobierno «tiene la última palabra» en este asunto.

Movilidad

Entre los objetivos generales de la futura ley de cambio climático balear figura que en 2030 el 35% del consumo final de energía proceda de fuentes renovables. Es el mismo objetivo que pide el Parlamento europeo para el conjunto de la UE. Para 2050, el objetivo del Govern es llegar al 100% renovable. Esta implantación de energías limpias (unida al aumento de la eficiencia) supondría según el Gobierno balear una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del 40% en 2030 y del 90% en 2050 respecto a los niveles de 1990; la UE se fijó esos mismos objetivos cuando firmó en 2015 el Acuerdo de París. 

Una de las áreas en las que centrará esta ley de Baleares sus acciones será en la movilidad y, fundamentalmente, en el transporte por carretera. El Gobierno de Armengol pretende una transición progresiva hacia el coche eléctrico. A partir de 2025 se limitará el acceso de vehículos diésel en las islas –los que ya estén podrán seguir circulando durante toda su vida útil– y en 2035 se hará lo mismo con el resto de automóviles de combustión, como los de gasolina, con el objetivo de que en 2050 el parque móvil de las islas sea totalmente eléctrico. Para las empresas de alquiler el salto hacia la energía eléctrica empezará en 2020 con la obligación de incorporar este tipo de vehículos en su flota.

Fuente: El País