La Comisión Europea ha abierto una investigación a la aerolínea Air Nostrum para determinar la legalidad de las ayudas públicas de 9 millones de euros que recibió de la Comunidad Valenciana para renovar la flota de aeronaves de la compañía. A pesar de que las autoridades españolas justificaron las ajudas en las exenciones previstas en materia de medio ambiente, Bruselas alberga dudas de que estas se ajustes a esos casos. En un comunicado, la Comisión recuerda que Air Nostrum ya había renovado en 2017 su flota con 18 naves sin subvenciones, por lo que debe investigar si seguido adquiriendo más aviones sin respaldo público.

El departamento que dirige la comisaria Margrethe Vestager ha decidido abrir una investigación «exhaustiva» sobre Air Nostrum. La compañía recibió de la Generalitat valenciana tres millones de euros en 2018 y, según Bruselas, tiene la intención de conceder otra subvención que podría alcanzar los seis millones en el periodo 2019-2020. Ryanair ya anunció el año pasado que llevaría el caso a Bruselas al considerar que ese apoyo podría vulnerar el derecho comunitario.

España ha defendido ante Bruselas las ayudas al considerar que se hallan dentro de las excepciones previstas por la legislación comunitaria para que los países miembros apoyen medidas que incidan de forma positiva en el medio ambiente. Sin embargo, Bruselas tiene dos dudas. La primera, si esa subvención tenía un «efecto incentivador». Es decir, si esa inversión se habría llevado a cabo del mismo modo sin los fondos públicos. Y segundo, para que un arrendamiento financiero sea considerado como «inversión» tiene que «establecer la obligación (y no solo la posibilidad) de comprar la aeronave». «Hoy por hoy, la Comisión tiene dudas de que el tipo de arrendamiento financiero utilizado por Air Nostrum cumpla esta condición».

Bruselas recuerda que esas inversiones hacen que las compañías sean más eficientes en términos de consumo de combustible y reducen los costes de explotación de las empresas. «Conceder una ayuda a una gran empresa que habría invertido de tofas maneras en aeronaves más nuevas y ecológicas solo serviría para reducir sus gastos de explotación ordinarios mientras sus competidores locales tendrían que soportarlos din ayuda», sostiene Competencia. «Esto provoca distorsiones de la competencia a expensas de los contribuyentes», remacha.

Fuente: El País