Al Ministerio de Energía se le agota el tiempo para remitir a la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)la orden ministerial que fijará los peajes de acceso a las redes que entrarán en vigor el próximo 1 de enero y que regirán para todo 2018. El organismo supervisor debe someter la propuesta a audiencia pública (pueden presentar sus alegaciones las empresas del sector eléctrico, asociaciones y comunidades autónomas) y elaborar un dictamen que, en cualquier caso, no es vinculante.
El trámite de los nuevos peajes, que suponen aproximadamente la mitad del recibo de la luz y pagan los 28 millones de usuarios eléctricos que hay en España, coincide con las negociaciones que mantienen los responsables del Ministerio de Energía y la Comisión Europea, que tiene un expediente abierto contra España por haber hurtado las competencias de la CNMC en materia de tarifas.
Aunque el departamento que dirige Álvaro Nadal confiaba en tener resueltas sus negociaciones con Bruselas antes de tramitar unos peajes que, según avanzó la semana pasada en unas declaraciones, el Gobierno va a congelar, estas se han empantanado.
Para limar asperezas con la CE, Energía ha propuesto una reforma de la Ley de Creación de la CNMC, a través de una disposición adicional por la que este organismo decidirá las tarifas pero con el consentimiento del ministerio.
Según el texto de la citada disposición adicional, al que ha tenido acceso CincoDías, “para el cumplimiento de las funciones previstas en el artículo 7.1, la CNMC deberá tener en cuenta las orientaciones generales de política energética y del resto de ámbitos de actuación exclusivos del Gobierno”.
A estos efectos -añade-, “la Comisión deberá recabar con carácter previo a su aprobación la conformidad del Ministerio de Energía y transcurrido el plazo de dos meses se entenderá otorgada su conformidad”. En el caso contrario, según la propuesta, el ministerio “resolverá de forma motivada y solicitará a la Comisión una nueva propuesta”.
De esta manera se invierten los papeles: ahora el ministerio propone las tarifas y el supervisor elabora un dictamen, mientras que con la nueva propuesta, sería la CNMC la que elaborase las tarifas, que después supervisaría el ministerio. Con una diferencia esencial:mientras ahora el dictamen del organismo no es vinculante (la mayoría de las veces es un mero trámite que el Gobierno ignora), en el modelo propuesto, la última palabra la seguiría teniendo el Gobierno.
Fuentes del sector aseguran que la Comisión Europea tampoco entiende qué significa que la CNMC deba “tener en cuenta las orientaciones generales de política del Gobierno y el resto de ámbitos de actuación exclusivos” de este.
Las directivas europeas sobre normas comunes del mercado de la electricidad y del gas natural (2009/72 y 2009/73), otorgan a los organismos reguladores independientes la potestad de aprobar las tarifas de las redes de distribución y del transporte de la luz y el gas. O, al menos, la metodología para calcularlas.
El Gobierno español hizo esta transposición a través de la Ley Eléctrica de diciembre de 2013, pero la Comisión Europea considera que no es correcta y está incompleta, porque la ley señala que se hará “en el marco de lo reglamentariamente establecido”. Reglamento que el Gobierno no ha elaborado y que está pretendiendo solventar con la propuesta legal que ha estado tratando con Bruselas.
Los Gobierno han utilizado siempre la tarifa eléctrica como un mecanismo de política económica y electoralista. Dejar en manos de un organismo ajeno la aprobación de las tarifas es un peligro que el actual no quiere correr, pues considera que pagaría las consecuencias políticas de las posibles subidas que la CNMC pudiera acordar cuando los ingresos del sistema no cubran todos los costes. En estos casos, el ministerio siempre encuentra vías para parchearla.
Órgano “no democrático”
En los comentarios de la pasada primavera a la propuesta de directiva sobre el nuevo mercado eléctrico elaborada por la Comisión Europea (que forma parte del llamado paquete de invierno de casi una decena de normas) sorprendió la posición crítica de Álvaro Nadal sobre algunas cuestiones, como la potestad de la CNMC a la hora de fijar las tarifas de acceso o el papel del autoconsumo.
Hasta tal punto que, en lo referente al organismo supervisor (al que no citaba por su nombre), afirmó que “España está muy preocupada por la progresiva transferencia de competencias a instituciones no democráticas, que no responden ante los ciudadanos”, en referencia al organismo que preside José María Marín.
Fuente: El País