Bruselas ha publicado este lunes el resumen del recurso con el cual pide al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condene a España por la norma que obliga a declarar los bienes y derechos que los contribuyentes tengan en el extranjero. La Comisión ya había anunciado, el pasado junio y tras varios toques de atención a Madrid, que acudiría a la Justicia por las sanciones «desproporcionadas» infligidas a los residentes que no hagan esta notificación a Hacienda o lo hagan fuera de plazo. Ahora aclara que considera que tanto las multas formales que contempla esta norma, así como la falta de aplicación de las reglas normales de prescripción y la sanción adicional contemplada del 150% sobre el IRPF vulneran los tratados comunitarios.

El denominado modelo 720 fue diseñado por el anterior Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro al frente de Hacienda, como medida para luchar contra el fraude fiscal y alimentar las arcas públicas en un momento de sequía recaudatoria causada por la crisis. Después, la economía volvió a marchar pero el modelo tributario se quedó.

Solo están obligados a declarar por ello los residentes fiscales en España, sean españoles o extranjeros, que posean bienes en el extranjero por valor superior a los 50.000 euros en uno de los tres capítulos patrimoniales contemplados (cuentas corrientes; valores, derechos, seguros y rentas; y bienes inmuebles y otros derechos reales). El problema reside en las duras sanciones que fija Hacienda por no hacerlo o hacelo fuera de plazo, que pueden llegar a ser hasta superiores al importe declarado. 

«Aunque en principio estas medidas puedan ser adecuadas para alcanzar los objetivos perseguidos que son la prevención y la lucha contra la elusión y el fraude fiscal, resultan desproporcionadas», reza la Comisión en su recurso, que en noviembre de 2015 envió una carta de emplazamiento a Madrid como primer paso para iniciar un procedimiento de infracción sobre esa normativa fiscal.

En 2017, el Ejecutivo comunitario volvió a alertar a Madrid y le exigió que en un plazo de dos meses modificara sus normas sobre los activos que los contribuyentes tuvieran en algún país de la UE o del Espacio Económico Europeo (que también incluye a Islandia, Liechtenstein y Noruega). Ante el incumplimiento, Bruselas decidió acudir al TJUE.

Según los últimos datos disponibles, la medida de Montoro ha permitido aflorar más de 150.000 millones de euros en bienes y derechos en el extranjero. La otra cara de la moneda ha sido la litigiosidad en los tribunales, que entre 2012 hasta hoy ha sido elevada. «El recurso conocido hoy es muy importante», dice Alejandro del Campo, abogado de DMS Consulting. «Si hasta ahora la balanza había sido inclinada hacia el contribuyente, ahora los será aún más», vaticina. 

Ahora los tiempos los dicta la UE, y habrá que esperar por lo menos un par de años antes de conocer el fallo del tribunal europeo.  

Fuente: El País