Después de estar semicongelado durante buena parte de los años que duró la crisis y el comienzo de la recuperación económica, el salario mínimo interprofesional (SMI) subió un 8% en 2017. Fue la mayor subida de una sola vez en más de tres décadas —había que remontarse hasta 1986 para encontrar un incremento similar—, y llegó tras un pacto entre PSOE y PP en el que también se incluía la luz verde al techo de gasto público del año pasado.

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Al acuerdo le sucedieron advertencias como las del think tank de la patronal CEOE (el Instituto de Estudios Empresariales), que pronosticaron que ese incremento tendría “efectos negativos” y se traduciría en menos empleo a tiempo completo y más contratación temporal. Sin embargo, el año pasado concluyó con 250.000 nuevos afiliados con empleo fijo a jornada completa, un 3,9% más que 12 meses antes, medio punto más que toda la media de la Seguridad Social.

Antes de que acabase el año, el Banco de España ya divulgó un informe que venía a apuntar lo que han subrayado en su último estudio los técnicos de la Comisión Europea: “Los resultados […] mostrarían un impacto agregado reducido sobre el empleo, dado que el colectivo potencialmente afectado por los aumentos del SMI es reducido”. También lo hizo BBVA Research: “Dada su escasa cobertura, las repercusiones serán moderadas”.

Sin efecto dominó

El director del gabinete técnico de CC OO, Carlos Martín, también señala que ese aumento no tuvo un gran impacto directo. Según sus números, esa subida significó que solo unos 200.000 trabajadores vieron elevarse su sueldo y que, tras ella, el incremento de este año habría afectado a medio millón.

Además, a la vista de los datos de la negociación colectiva, Martín lamenta que las subidas del SMI no están provocando un efecto dominó y no están empujando al alza sobre los sueldos pactados. Esa presión, en opinión de Martín, no se da por el cambio de equilibrio que introdujo en los convenios la reforma laboral: al darle más fuerza a la parte empresarial, los representantes de los trabajadores (los sindicatos) tendrían menos capacidad de trasladar a los salarios negociados esa presión. Por eso, este economista opina que, sin cambios en la reforma, los aumentos del SMI afectarán a los asalariados que tengan ese sueldo mínimo legal y poco más.

En este punto, los técnicos de la Unión Europea discrepan. Señalan que el horizonte de subidas pactadas entre el Gobierno y los agentes sociales a finales del año pasado (735,9 euros mensuales en 2018; 773 en 2019 y 850 en 2020, siempre sobre la base de 14 pagas al año) “podría presionar sobre los salarios más bajos y tener un impacto más negativo sobre el empleo, especialmente para los jóvenes y los trabajadores poco cualificados”.

Esta misma advertencia lanzó el economista Juan Francisco Jimeno, poco después de conocerse el pacto de diciembre en el blog económico Nada es gratis. Apoyado en investigaciones del BBVA Research, del Banco de España y de la asociación de economistas americanos NBER para Estados Unidos. Aunque él mismo matizó en el blog: “Dada la coyuntura económica actual y si se cumplieran las condiciones pactadas para los aumentos futuros —crecimiento anual del PIB superior al 2,5% y aumentos anuales de afiliados de 450.000—, los efectos sobre el empleo no deberían ser motivo de gran preocupación, a pesar de la notable cuantía del incremento del SMI”.

Otra de las cuestiones que se apunta en Bruselas sobre el impacto del salario mínimo atañe a la “distribución de salarios”, es decir, a la reducción de la desigualdad. Y también aquí señala que el impacto es limitado.

Fuente: El País