El euro sigue siendo una moneda sin patria, incompleta, vulnerable a la próxima crisis. Bruselas ha presentado hoy un plan para apuntalar la moneda única, tal y como avanzó EL PAÍS la semana pasada. Se trata de convertir el mecanismo de rescate europeo (Mede) en un Fondo Monetario Europeo que permita rescatar países y bancos con problemas; de crear un presupuesto anticrisis; de simplificar las reglas fiscales; y de tener un teléfono rojo para que todo el mundo sepa a quien llamar cuando hay problemas, con un superministro de Economía y Finanzas. Solo hay un problema. Berlín otros los países Norte (Holanda y Austria, por ejemplo) ya han dejado claro que opondrán una férrea resistencia a esos planes. La Francia de Macron apoya esas propuestas. Pero se avecina la batalla por el futuro diseño de la Unión Económica y Monetaria. Alemania defiende mantener el estatus quo con mínimos cambios: Berlín quiere que la gestión de las crisis siga siendo intergubernamental; al fin y al cabo, a la economía alemana y a los países tradicionalmente acreedores les ha ido estupendamente durante la Gran Recesión. Bruselas y París lideran la facción de los descontentos, que coincide con la de los organismos internacionales: el FMI, la OCDE y una amplia mayoría de expertos creen que hay que refundar el euro para que la próxima crisis no se lo lleve por delante, con mecanismos de ajuste adecuados.
Bruselas fue escenario de la primera etapa de esa batalla, con la presentación de las propuestas. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE empezarán a discutirlas en la cumbre del euro, el próximo 15 de diciembre. La idea es que de ahí salga una agenda con un calendario explícito, y las primeras medidas aprobadas para junio de 2018: el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha mantenido esta semana una reunión con el aún jefe del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem; el presidente del BCE, Mario Draghi, y el responsable del Mede, Klaus Regling. Las fuentes consultadas apuntan que en ese encuentro quedó claro que la hostilidad a las propuestas de Bruselas está asegurada.
«Después de años de crisis, es el momento de poner el futuro de Europa en nuestras manos: no hay mejor momento para arreglar el techo de una casa que cuando luce el sol», ha dicho el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker. El eurocomisario Pierre Moscovici ha defendido que es la Comisión, el brazo ejecutivo de la UE, quien debe hacer «propuestas concretas para apuntalar el euro», en referencia a las críticas en Alemania y otros países, que acusan a Bruselas de poner sobre la mesa medidas demasiado ambiciosas. No lo parece: el paquete diseñado por la Comisión es más un punto medio entre lo mínimo que puede aceptar París y lo máximo que puede ceder Berlín. Estas son las principales propuestas.
1. Nuevo FME. Bruselas quiere transformar el Mede en un Fondo Monetario Europeo que pueda rescatar países con problemas (a cambio de duras condiciones) y que sirva como cortafuegos del fondo de resolución, creado para salvar bancos. Se trata de meter el Mede, que ha tenido un papel principal en la salida de la Gran Crisis, dentro del método comunitario, respetando su estructura actual. Bruselas apunta que la toma de decisiones podría ser incluso más rápida, y que aumentaría el control democrático del Parlamento Europeo. La propuesta debería adoptarse en el Consejo y la Eurocámara a mediados de 2019. Pero Berlín se opone con firmeza a que el Mede deje de ser un organismo intergubernamental (esto es, controlado por los países del euro), y solo accedería a darle más poder si se le da asimismo una función de vigilancia sobre las economías europeas que ahora mismo está en manos de la Comisión, según las fuentes consultadas.
2. Pseudopresupuesto anticrisis. Bruselas pone en marcha nuevos instrumentos presupuestarios para luchar contra crisis asimétricas, en un solo país, tal como adelantó este diario. Pero no concreta la cuantía de ese nuevo instrumento, ante las reticencias de los acreedores para rascarse más el bolsillo. Se trata de un batiburrillo que une instrumentos ya creados con nuevas capacidades, pero sin dinero contante y sonante a la espera de la negociación política. Lo más importante es que de momento se deja para más adelante la posibilidad de un seguro de desempleo común y de un rainy day fund (un fondo de reserva para cuando aparezca una crisis), y Bruselas opta por un mecanismo de protección de las inversiones: cuando un país entre en recesión, lo primero que hace su Gobierno es recortar la inversión pública; la idea es que Bruselas tenga una facilidad presupuestaria para permitirle mantener estable ese capítulo. Eso se une a un fondo de apoyo a las reformas (ya creado), y un segundo fondo para facilitar la entrada en el euro de los países de la UE que aún no forman parte de la moneda (ya existente, pero que pasa de unos 180 millones a 300 millones de euros). Además, Bruselas permitirá rebajar la cofinanciación de proyectos con fondos europeos a los países con problemas, tal y como ha hecho con Grecia en los últimos tiempos. El equipo de Juncker cree que estas propuestas podrían adoptarse entre 2018 y 2020, y dejar el mecanismo de protección de inversiones para los próximos presupuestos, 2021-2027.
3. Superministro. La Comisión Europea pretende crear un ministro europeo de Economía y Finanzas, una suerte de superministro del euro que sería a su vez vicepresidente del brazo ejecutivo de la UE y presidente del Eurogrupo. Acudiría a las reuniones internacionales del G-20 y el FMI, y tendría como principal función coordinar las políticas económicas y fiscales de la zona euro, uno de los grandes problemas actuales. Sería para mediados de 2019.
4. Simplificación de las reglas fiscales. El brazo ejecutivo de la UE pretende integrar en los tratados la miríada de normativas creadas para gestionar la crisis, básicamente el Fiscal Compact, aprobado en su día por el método intergubernamental (y no firmado por dos países: Reino Unido y República Checa). Esa propuesta debería ser aprobada a mediados de 2019. Pero se ha topado con formidables resistencias en Alemania, que acusa a Bruselas —sin ninguna base— de querer suavizar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Fuente: El País