Tras cinco años consecutivos de crecimiento, el informe que la Comisión Europea presenta este jueves aprecia ya “signos de una leve desaceleración”, en especial por la pérdida de fuelle de las exportaciones. En línea con lo que ocurre en el conjunto de la zona euro, Bruselas prevé que España crezca este año dos décimas menos que en su último informe de perspectivas. Esa dinámica, además, se irá confirmando en los dos próximos ejercicios. Los tiempos de llegada a meta se irán reduciendo a medida que halle más obstáculos en el camino. La Comisión Europea señala dos: la subida de los precios del petróleo y la desaceleración del consumo privado. Pero eso no llevará a España al furgón de cola de la zona euro: todavía seguirá expandiéndose por encima de los miembros de la moneda única y no hay visos de que lo haga por debajo del 2%, al menos, hasta 2020.

A pesar de las trabas que encontrará en el camino, la Comisión señala varios factores que apuntalarán ese incremento del PIB. En concreto, se seguirán creando puestos de trabajo de forma “robusta” y los salarios crecerán “aceleradamente”, también “debido a la subida planeada del salario mínimo profesional”. Y ello tendrá dos efectos: los hogares tendrán más ingresos y, la vez, habrá un rebote de la tasa de ahorro después de un descenso “récord” este año. La inversión y la construcción, aunque de forma más moderada, también contribuirán al crecimiento, a la vez que las exportaciones recuperarán dinamismo.

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Sin embargo, la Comisión Europea no cree que el año que viene España vaya a cumplir con los números que ha llevado en su borrador de Presupuestos. Sí lo hará este año, cuando cerrará con un desfase del 2,7% del PIB que le permitirá salir del brazo correctivo de la Unión Europea. Y lo hará gracias al “todavía robusto crecimiento económico”. Bruselas lanza ahí una pulla al anterior Gobierno de Mariano Rajoy al recordar que el ritmo de reducción del desfase de las cuentas se ha lentificado a causa de las medidas que adoptó en los Presupuestos de este año, en concreto, “la subida de las pensiones, el aumento salarial de los empleados públicos y, en menor medida, el recorte de impuestos para las personas con bajos ingresos”.

La Comisión prevé que España vuelva a pegar un acelerón en la reducción del déficit este año, de nuevo por el crecimiento pero también por el impacto de las medidas que contempla el plan presentado por la ministra Nadia Calviño a la Comisión. Este, según el informe, prevé “mayores ingresos por impuestos ambientales a las empresas y hogares, así como nuevos tributos sobre servicios digitales y transacciones financieras”, a la vez que recoge nuevos gastos –en pensiones o permisos de paternidad— que compensan ese aumento de la presión fiscal. Sin embargo, la Comisión discrepa con los números de Calviño.

Si bien la ministra plasmó en su borrador que el déficit público se situaría en el 1,8% del PIB, Bruselas sigue creyendo que será del 2,1% y que solo bajará del 2% en 2020 en un escenario en el que no se adoptarán más políticas estructurales. Además, Bruselas insiste en lo que ya plasmó en la carta que mandó a España tras conocer su borrador de Presupuestos. “Existe incertidumbre sobre el rendimiento de algunas de las nuevas medidas fiscales, así como el impacto fiscal del aumento previsto del salario mínimo”, sostiene el informe, que añade que “algunas de las medidas de gasto planificadas pueden no ser ejecutadas en su totalidad”.

Además, señala otro riesgo: la decisión del Supremo de declarar nula la concesión de la Generalitat de la empresa ATLL, que podría disparar los números rojos de la Administración catalana. Este conflicto se remonta a 2012. La justicia anuló ese año el concurso público que le adjudicó a Acciona el servicio de Aguas Ter Llobregat (ATLL). Esta es la compañía pública que se encarga de potabilizar el agua en la región metropolitana de Barcelona y venderla a las suministradoras. La constructora exige a la Generalitat de Cataluña un total de 1.036 millones de euros por el fiasco de aquella adjudicación. De esa cuantía, 305 millones corresponden a la liquidación del contrato y otros 769 millones a la demanda por daños y perjuicios.

Fuente: El País