Bruselas reclama a España un nuevo borrador del decreto del carbón en los próximos días, que asegure que las centrales más contaminantes estarán cerradas para 2025. La Comisión Europea exige también al Gobierno que ceda la metodología de la fijación de las tarifas eléctricas a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC): el Ministerio de Energía ha propuesto un mecanismo que le da la última palabra, pero Bruselas exige más claridad y reclama una nueva propuesta más ajustada a las reglas de la UE. Y pronto: antes de fin de año.
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, mantiene un pulso con el sector energético —más concretamente con Iberdrola— a cuenta de las centrales de carbón de Lada (Asturias) y Velilla (Palencia): Iberdrola ha solicitado su cierre. Y el ministerio ha respondido con un real decreto que dificulta la clausura de esas centrales y atribuye al Gobierno la decisión definitiva. Nadal protagoniza además un largo contencioso con el regulador independiente, la CNMC, por la fijación de los peajes de transporte y distribución de la electricidad. En ambos casos, la Comisión tiene mucho que decir.
Bruselas ha hecho ya un análisis preliminar del decreto del carbón, y reclama a Madrid un segundo borrador que pula varias aristas. El ministerio se aviene a “hacer algunos ajustes”, según las fuentes consultadas, y señala que la Comisión pone más énfasis en los defectos de forma que en el contenido de la normativa: por ejemplo, se aviene a clarificar que las compensaciones llegarán con un informe previo del regulador, y serán compatibles con las reglas de ayudas del Estado.
El pulso con la CNMC viene de más atrás y está algo más embrollado. La Comisión Europea abrió un expediente a España a finales de 2016 para que el Gobierno ceda la fijación de las tarifas eléctricas a la CNMC, tal como exige la legislación europea. Madrid se arriesga a sanciones millonarias si no lo hace. Nadal se avino en un primer momento a las peticiones del comisario Miguel Arias Cañete, pero en primavera envió un largo documento a Bruselas en el que anunciaba que no estaba dispuesto a ceder uno de los asuntos clave de la política energética. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha mantenido desde entonces varias reuniones en Bruselas. En el último encuentro, el Gobierno presentó una propuesta que ofrece a la CNMC la fijación de la metodología, pero que sigue dando al Ejecutivo la última palabra. Bruselas, según las fuentes consultadas, cree que la solución está cerca. Pero solicita un nuevo borrador que aclare definitivamente el mecanismo de fijación de precios, según fuentes europeas. Y pretende que esa nueva propuesta llegue en apenas unas semanas: antes del final de 2017, a la vista de que ha pasado ya un año desde la apertura del procedimiento.
España plantea un sistema parecido al francés para fijar los precios del transporte y distribución. Subraya que la CNMC fijará la metodología de esas tarifas, que ascienden a unos 7.000 millones de euros anuales (de un total de 18.000 millones: las energías renovables, el coste de la deuda y los costes de nivelación entre la Península y las islas quedarían fuera del ámbito de influencia del regulador). Según el borrador, la CNMC tendrá en cuenta las orientaciones de política energética del ministerio para fijar la citada metodología. En caso de discrepancia, Energía podrá devolver la pelota al tejado de la CNMC en el plazo de dos meses para que corrija. Si aun así persiste el conflicto, en Francia decide el Consejo de Estado; el árbitro español no estaría aún decidido, “está pendiente de discusión con Bruselas y los partidos políticos”, según fuentes de Energía.
Bruselas acepta que el Ejecutivo pueda fijar las líneas maestras de la política energética y asegura que la solución no está lejos. Pero ese borrador no satisface completamente a la Comisión, que reclama más claridad: en caso de conflicto, pretende que el Gobierno sea más transparente, justifique su posición en base a criterios objetivos y dé publicidad a sus decisiones. “El borrador no es suficiente”, admite una alta fuente europea; “hay que fijar reglas más claras y cumplir a rajatabla las reglas europeas”, subrayan las mismas fuentes. En ambos contenciosos, Madrid es tajante: “El Gobierno debe poder fijar el mix eléctrico y las líneas maestras de la política energética”, cierran desde el Ministerio de Energía.
Fuente: El País