La incertidumbre política en la que se encuentra España tras las elecciones del 28 de abril y ante la repetición de los comicios el próximo 10 de noviembre retrasa la adopción de medidas que el sector de las renovables consideran fundamentales para el proceso de transición energética. Los principales actores en este campo avanzan sus demandas al Gobierno que vendrá.
Tal vez la cuestión más acuciante sea la fijación de una retribución adecuada para las empresas. A finales de este año acabará el primer periodo regulatorio, que arrancó en 2014, y será necesario volver a establecer el valor de la llamada retribución razonable, es decir, lo que se paga a las plantas por la inversión realizada y que no se cubra con la venta de energía a precios de mercado.
Desde el sector se muestran favorables a mantener el actual 7,39% para las instalaciones antiguas y adoptar el 7,09% propuesto por la CNMC para las plantas posteriores a la reforma, con unos matices: la Unión Española Fotovoltaica (Unef) pide que se haga ya por decreto ley y, junto con la asociación que agrupa pequeños y medianos productores de energía fotovoltaica (Anpier), quiere que este valor no cambie durante toda la vida retributiva de las instalaciones, para evitar la inestabilidad.
Pero el atasco que están experimentando las renovables en el acceso a Red Eléctrica (REE) es también una de sus preocupaciones principales. Para solventarlo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) propone ordenar y aligerar el procedimiento, asegurar que los proyectos sean viables y reconocer que cada tecnología requiere exigencias y plazos distintos, entre otras medidas.
El sector se muestra favorable a una retribución del 7,39% para las plantas antiguas y del 7,09% para las nuevas, pero con matices
Hasta el 31 de agosto pasado, 28,9 MW de solar y eólica estaban en servicio, 81,7 tenían permiso de acceso a la red, 57 se encontraban en curso y 37,8 MW habían sido denegados, informa REE.
Desde la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) se dicen convencidos de que la ausencia de planificación de las próximas subastas es otro problema que merma su actividad.
Muchos de los proyectos, que se quedarán por el camino por la premura de ponerlos en marcha en poco tiempo –arguyen–, no se habrían presentado si se hubiesen fijado otras fechas después de las de 2016 y 2017.
En cuanto a las normativas que regulan el autoconsumo, el sector pide al Ejecutivo que se complete su desarrollo. Las propuestas ya están listas para ser aprobadas por el Ministerio de Transición Ecológica. Posteriormente, los distribuidores tendrán un mes para adaptar sus sistemas a lo que se disponga en estas normas.
A partir de ese momento, todo estará dispuesto para su correcto funcionamiento en un breve plazo de tiempo, según explican desde la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), que agrupa a las cinco mayores eléctricas.
APPA: eliminar avales innecesarios
José María González Moya, director general de APPA.
El real decreto de acceso para el autoconsumo, que estaba en trámites, fue paralizado y, tal y como está la situación, no se espera hasta 2020.
Entre las medidas que contemplaba, se encuentra la eliminación del aval para instalaciones de menos de 100 kW. En estas plantas, que no suponen grandes inversiones, el aval es una barrera innecesaria.
Unef: cuestión de transparencia
José Donoso, director general de Unef.
Con la potencia complementaria se podrán obtener permisos de acceso y conexión a REE para una potencia mayor que la máxima disponible.
Es necesario especificar las condiciones en las que el gestor de la red estará obligado a considerarla, los límites aplicables y la obligación de dar publicidad a su existencia, por una mayor transparencia.
AEE: contra la volatilidad
Juan Virgilio Márquez, director general de AEE.
Los contratos de compraventa de energía evitan el riesgo de la volatilidad del pool y permiten a los propietarios tener la predictibilidad necesaria para los proyectos. Los suscriptores pueden ser las comercializadoras o los usuarios.
En España estos pactos han existido siempre, pero nunca hasta ahora se habían usado para financiar nuevas plantas.
Anpier: respuesta en 15 días
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier.
Hemos solicitado a la CNMC que las instalaciones en agrupaciones menores de 5 MW, que se conecten a la red de tensión hasta 30 kV, tengan una tramitación abreviada, con una respuesta de REE y de la distribuidora de no más de 15 días.
Y que las de menos de 2 MW, que se conecten a la misma red de tensión, no precisen autorización de REE.
Aelec: sin subastas, también
Marina Serrano, presidenta de Aelec.
El desarrollo de nueva capacidad puede realizarse sin necesidad de que haya subastas, en la medida en que el mercado vaya alcanzando los objetivos para 2030.
En cualquier caso, si hicieran falta, el diseño de las subastas debería permitir que las renovables respondan a señales de mercado y que se preserve la neutralidad tecnológica.
Fuente: Cinco Días