En 1.851 municipios españoles, un 25% total, hay más jubilados que personas trabajando allí afiliadas a la Seguridad Social. La cifra sube hasta un tercio de los municipios del país (2.129) si se incluyen las localidades donde la relación es de un trabajador por cada jubilado. Se trata a veces de pequeños pueblos donde se han quedado solo los mayores ya pensionistas. O ciudades dormitorio donde los que trabajan, lo hacen en ciudades vecinas, a las que van cada día y donde constarán como afiliados.
Es la foto que surge del cruce de los datos de pensiones y de empleo a nivel local, obtenidos y analizados por EL PAÍS. Se trata de cifras oficiales de afiliados a la Seguridad Social y de pensiones de jubilación en vigor a octubre de 2018, que solicitó el senador socialista Francisco Javier Oñate a través de una respuesta parlamentaria, accesible en la página web del Senado.
Esa realidad, la de un país envejecido y con un problema de despoblación y empleo concentrado en un puñado de municipios, es también la base del sistema de pensiones que, administrado a través de una caja única estatal de la Seguridad Social, intenta mantener la solidaridad entre las diferentes partes del territorio a pesar de sus diferencias.
RATIO DE TRABAJADORES POR JUBILADO EN LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES
Octubre de 2018
Fuente: Seguridad Social, respuesta parlamentaria en el Senado y elaboración propia. EL PAÍS
De media, hay 2,2 personas que aportan al sistema de cotizaciones de la Seguridad Social por cada pensionista. A nivel regional, hay solo cuatro comunidades (Madrid, Canarias, Baleares y Murcia, según un reciente informe del BBVA) donde las aportaciones al sistema son más que las pensiones redistribuidas. En los municipios, a menudo esa proporción se acerca al cero. En Galicia, el ratio de trabajadores por pensionista no alcanza la relación ‘uno a uno’ en el 57% de las localidades. En Asturias, en el 45%.
La situación es muy diferente en Andalucía o Murcia, donde a menudo se dobla el dato nacional. Aquí, sin embargo, las pensiones de jubilación medias son las menos cuantiosas, contrariamente a lo que ocurre en las comunidades del norte, País Vasco incluido. Se trata, en gran medida, del legado del sector industrial o agrícola de cada zona.
Los datos analizados no se refieren a residentes, sino a trabajadores registrados en empresas con la sede en esos municipios. Tampoco recogen la fuerte estacionalidad del empleo, ya que se refieren a un mes en concreto. Es por ello que en lugares como Figueruelas (Zaragoza) constan 8.500 afiliados y poco más de mil habitantes oficiales. Una situación que se explica por los empleados de la fábrica de Opel en la localidad, registrados en ese municipio. Estos trasvase de trabajadores a otras ciudades son los que llevan a la existencia de ciudades dormitorio en todo el país.
Lo que sigue es el retrato de la vida diaria en algunos de estos municipios.
Moncalvillo, el municipio de los jubilados
ampliar foto Vecinas de Moncalvillo, Burgos, se reúnen por la tarde para tomar el sol y charlar. Julián Rojas Laura Delle Femmine
En Moncalvillo de la Sierra hay que estar muy pendientes del calendario. El panadero y el médico se desplazan a este diminuto pueblo dos veces por semana. El Ayuntamiento abre los martes y el único bar, sábados y domingos. El alcalde va los viernes, siempre y cuando no haga mal tiempo. “Tenemos misa todos los domingos, mientras el cura no nos abandone”, bromea Rutilio de la Fuente, quien tampoco vive aquí todo el año. Este octogenario vio como su pueblo, con tan solo 87 empadronados, fue perdiendo población mientras sus residentes iban jubilándose. Hoy en día es el municipio con el peor ratio entre pensionistas y trabajadores: 49 frente a 5, según la Seguridad Social. “Los que estamos aquí somos todos jubilados”, confirma.
A 65 kilómetros al sureste de Burgos y rodeado de colinas, Moncalvillo es uno de los muchos retratos de la España despoblada. Este municipio que vivía de la agricultura y la ganadería llegó a tener a más de 400 habitantes censados, un par de tiendas y una escuela hasta que la sangría demográfica que empezó en los sesenta hizo inviable cualquier negocio. La mayoría de sus casas, de paredes de piedra y tejados de terracota, está bien cuidada pero cerrada a cal y canto. Solo en verano el pueblo renace, cuando su población se quintuplica con los familiares que llegan de fuera, cuentan los vecinos.
«La ganadería ya no es rentable; los pueblos más grandes deben crear trabajo”, sugiere por teléfono Juan Ángel Elvira. Alcalde desde 1995, en 2015 se desvinculó del PP y convirtió a Moncalvillo en uno de los pocos municipios gobernados por Vox. «Jamás he estado afiliado a un partido y en los pueblos las siglas solo son siglas. Pero no soy de izquierdas», zanja. Este administrador de fincas de 52 años, que durante la semana vive y trabaja en Burgos, dice que se presentará en las próximas elecciones más por falta de candidatos que por ambición.
Lo mismo hará Marcos Elvira de la Fuente, uno de los dos concejales (PP) y de los pocos afiliados a la Seguridad Social de Moncalvillo. Enfundado en un mono azul, cuenta que trabaja en la ganadería por cuenta propia. «Nos organizamos entre vecinos para cuidar del pueblo, pero somos cada vez menos», asegura. «Sin trabajo no se vive».
La situación de Moncalvillo no es única. Las pocas oportunidades y los bajos salarios transformaron a muchos pueblos de la provincia en una pescadilla que se muerde la cola: sin gente no hay servicios, pero sin trabajo no hay gente. Ángel Citores, secretario provincial de CC OO en Burgos, explica que en los negocios de madera y piedra que había en la zona perdieron tirón con la crisis: «Hay que generar inversiones y trabajos dignos pero no existe la receta mágica, no nos engañemos».
Fermín es uno de los pocos vecinos que intentó suerte en la ciudad y acabó volviéndose. Con 52 años y en el paro, a la espera de que vuelvan a contratarle como capataz forestal, es uno de los más jóvenes de Moncalvillo. «La última niña nació hace 36 años, pero ya no vive aquí», puntualiza.
«Muchos emigraron; durante el invierno solo vivimos aquí 55», dice Tomasa Benito, que volvió a Moncalvillo hace cuatro años para ayudar a su madre. Julio Rojo, que está en el pueblo para cuidar de una tía abuela, cuenta que reside desde hace décadas en Vitoria. Los pitidos de una furgoneta interrumpen la conversación. «¡El panadero!», grita alguien. Bernardo Huerta baja del vehículo para repartir hogazas y apunta el importe en la cartilla del pan de cada vecino. «Cobramos por mes», explica.
Al otro lado del riachuelo que cruza el pueblo un grupo de mujeres mayores narra que un vecino falleció en los atentados del 11-S. Cuentan que había emigrado a Estados Unidos de pequeño, que antes en Moncalvillo había niños, que la escuela estaba abierta. Se reúnen todas las tardes en el mismo sitio. Charlan, recuerdan. Comentan que, en unos años, el pueblo se quedará vacío.
Badia del Vallès, la ciudad dormitorio envejece
Dani Cordero
“Aquí se tiene que morir el padre para que se quede el hijo”. A sus 76 años, Juan Sánchez sabe bien lo que dice. Ninguna de sus cuatro hijas vive ya en Badia del Vallès. Este pequeño municipio de 13.500 habitantes es una excepción en el área metropolitana de Barcelona. Perdió 2.500 habitantes mientras el resto de ciudades próximas a la capital catalana ganaban población. Y su progresivo envejecimiento se visualiza fácilmente: a las puertas del centro de jubilados, en los bancos de la plaza del Ayuntamiento, por los niños cogidos de las manos de sus abuelos a la salida de los colegios. En el padrón constan 3.008 personas de 65 años o más. De ellos, 1.900 son trabajadores jubilados, casi el doble que los 980 afiliados a la Seguridad Social que trabajan en el mismo municipio. Ninguna otra ciudad española de más de 5.000 habitantes cuenta con unas proporciones similares.
La realidad de Badia del Vallès se explica por un complejo compuesto estadístico. No alcanza el kilómetro cuadrado de superficie pero sí una de las más altas densidades de Cataluña. Pese a la salida de la crisis, la tasa de paro alcanza al 17% de su población (llegó a ser del 27% en lo más profundo de la recesión). Su renta per capita (12.400 euros) está a la cola de Cataluña. Y, más allá de las frías cifras, su principal centro de trabajo es el Ayuntamiento y, tras él, un Mercadona. No hay más empresas que los comercios. Ese contexto desalienta nuevas promociones inmobiliarias: la última, hace ya más de una década, la impulsó el ente autonómico Incasòl. Y el par de agencias inmobiliarias que hay en la ciudad apenas suman una veintena de ofertas de pisos, todos de 86 o 76 metros cuadrados. “En Badia no hay un piso vacío; quien se va es por carencias y por falta de oportunidades”, remacha Sánchez.
Badia nació en los años setenta para dar cobijo a los trabajadores procedentes de otras partes de España que demandaban organismos públicos y empresas de la metrópolis barcelonesa. Es un claro ejemplo de lo que se ha denominado ciudad dormitorio. O, mejor, lo fue. Como sucede con sus grises bloques de viviendas, los años no han pasado en balde y los antes trabajadores son ahora jubilados. No ha habido renovación.
“La inercia es que Badia sea cada vez más vulnerable y más envejecida”, apunta Eva Menor, alcaldesa y excepción en el municipio: llegó cuando otros se iban. El Ayuntamiento trabaja ahora en un plan de acción con la vista puesta en 2030 y ha incluido Badia en el proyecto Urbact de la Unión Europea, para acelerar su modernización. Quiere impulsar la transformación de unas viviendas que eran modestas cuando se crearon y que, ante la emancipación de la primera generación de nacidos en el municipio, son ahora grandes y con excesivos obstáculos para quienes los habitan, porque, por ejemplo, los ascensores paran entre plantas. La edil pretende concienciar de la importancia de la formación a los jóvenes para facilitar su acceso a empleos. Y, por qué no, prestigiar la marca Badia. “Lamentablemente la situación de la vivienda está expulsando a gente de Barcelona, ¿por qué no nos podemos beneficiar nosotros?”, dice Menor.
La falta de orgullo de pertenecer a Badia es otro de los motivos que Adrián Miguélez, un histórico (97 años) del lugar, explica como agravante del envejecimiento del municipio. “Mi mujer escondía que era de Badia y aquí hay mucha gente que cree que el pueblo es poca cosa y que llevan sus hijos a estudiar a Sabadell”, explica, orgulloso de pertenecer al municipio.
Santa Coloma de Gramenet, la dificultad de trabajar cerca de casa
Dani Cordero
Viernes. Mediodía. Tania, una joven de 24 años que estudia Relaciones Laborales, sale de una oficina del Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC). Acaba de apuntarse a las listas para buscar empleo. “Si fuera posible me gustaría trabajar aquí, en Santa Coloma de Gramenet, para estar cerca de mi familia”, explica. Pero instantes después ella misma concluye: “La verdad es que no veo muchas posibilidades. Hay poca gente que trabaje aquí, Santa Coloma es como una ciudad dormitorio”. Con las estadísticas en la mano lleva razón. En octubre del año pasado había exactamente 16.774 afiliados a la Seguridad Social que trabajaban en empresas ubicadas en la ciudad. Una pequeña proporción de sus 48.000 habitantes que tienen un empleo y todavía más pequeña si se compara con sus casi 119.000 ciudadanos.
Santa Coloma de Gramenet es una pequeña ciudad de siete kilómetros cuadrados encajada entre Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona y Montcada i Reixac, con una alta densidad de construcción residencial y apenas espacio para industrias u oficinas. Apenas tiene unas 2.000 empresas, sobre todo del sector comercial y los servicios. El Ayuntamiento, con algo más de 600 trabajadores, es su principal empleador, aunque su industria más conocida es el fabricante de batidos Cacaolat, participado por los gigantes Cobega y Damm. Pero esa planta emplea a poco más de 200 trabajadores y la mayoría no residen en el municipio. El municipio carga con una inquietante mochila: es la ciudad de más de 100.000 habitantes con una mayor proporción de jubilados por afiliados en empresas de la misma ciudad. 16.425 retirados contra 16.774 afiliados.
Autocares de Seat o de Nissan trasladan a habitantes de esta ciudad hasta sus fábricas cada día. Miguel Huertas, de 75 años y miembro de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas de Santa Coloma, evoca un pasado similar: “Esto era como una colmena. Todos salían por la mañana y Santa Coloma se quedaba vacía hasta la noche”.
Esteve Serrano, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento (PSC), critica aplicar el concepto “ciudad dormitorio” a la población, que señala como “un estigma desde tiempos del desarrollismo”. Al concejal César López, de Som Gramenet (vinculado a Podem), tampoco le gusta hablar de ciudad dormitorio. Ambos coinciden en que se trata de una ciudad lo suficientemente viva, con gran actividad social y cultural, para abandonar ese calificativo. “Tenemos restaurantes con estrellas Michelin, campus universitarios, una ciudad con buenas políticas activas de empleo…”, argumenta Serrano.
Con una renta bruta disponible per capita de 13.800 euros, Santa Coloma se sitúa como una de las ciudades más pobres de Cataluña, un 20% por debajo de la media de la comunidad. En parte, se explica por la alta tasa de paro, actualmente del 13%, y por un alto envejecimiento de la población. Uno de cada cinco habitantes tiene más de 65 años, lo que implica también fuertes necesidades sociales, por lo que el primer teniente de alcaldesa demanda la actuación de la Generalitat. Xavier Soley, que dirige la Residencia para la Gente Mayor de Santa Coloma (de titularidad autonómica), explica que la zona “es una en las que se concentra mayor demanda de plazas asistenciales a causa de la situación económica de la gente de más de 65 años”.
Fuente: El País