La Audiencia de Sevilla ha condenado al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán a 6 años de cárcel por un delito de malversación y a 15 años de inhabilitación por otro de prevaricación en el caso ERE, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, ha sido condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación.

Asimismo, el exconsejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías a 10 años de inhabilitación para empleo en cargo público al ser considerado culpable de un delito continuado de prevaricación, mientras la exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Alvarez lo ha sido a nueve años de inhabilitación especial. El exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, ha condenado a ocho años de cárcel y a 20 de inhabilitación.

El exconsejero de Empleo José Antonio Viera, quien fue el que en el año 2000 ideó el sistema de pago de los ERE en Andalucía, a siete años y un día de cárcel y a 18 años y un día de inhabilitación absoluta. Por su parte, la exviceconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo ha sido condenada a diez años de inhabilitación como autora de un delito continuado de prevaricación, y ha sido absuelta del delito de malversación, por el que el fiscal pedía seis años de cárcel.

La sentencia del tribunal presidido por el magistrado Antonio Calle Peña se pronuncia por unanimidad sobre una década de ayudas adjudicadas presuntamente mediante un sistema «opaco, injusto y arbitrario». El fallo llega casi once meses después de acabar el juicio y más de una semana después de la celebración de las elecciones generales del 10 de noviembre.

El caso llegará presumiblemente al Tribunal Supremo, que será quien fije de manera firme la responsabilidad penal de los políticos procesados por una década de ayudas públicas que sumaron 680 millones de euros. El 85% de ese dinero fue destinado a pagar prejubilaciones.

En total 6.096 trabajadores recibieron ayudas procedentes de la partida presupuestaria 31-L creada por la Junta de Andalucía para empresas en crisis o planes de prejubilaciones entre 2001 y 2010, aunque hubo más de 120.000 empleados afectados por ERE en toda la comunidad en esa década. Casi 200 de los que cobraron ayudas se prejubilaron en empresas donde jamás habían trabajado.

Fuente: Cinco Días