Tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco de España insisten últimamente en la necesidad de volver a ajustar el gasto público, ahora para disponer de un “colchón fiscal” para cuando llegue la próxima crisis. Sin embargo, construir este margen fiscal siguiendo el camino que marcan estas instituciones impedirá afrontar dos retos económicos ineludibles. El primero tiene que ver con la necesidad de modificar el patrón de salida de la crisis que estamos experimentando: el crecimiento económico no termina de llegar a millones de hogares —a pesar de la creación de empleo—, las desigualdades se mantienen en niveles elevados y se refuerza nuestra especialización en sectores poco productivos. El segundo reto viene dado por la paulatina desaceleración internacional que se espera para los próximos trimestres, y que podría complicar la situación económica. Volver a ajustar a la baja el gasto público no hará sino agravar ambos problemas.

Hay no obstante otra vía alternativa para construir el colchón fiscal que la economía necesita: iniciar las primeras fases de una reforma tributaria que sirva para aumentar los ingresos del sector público. Esta segunda vía, al no cargar los ajustes sobre el gasto, permitirá enfrentar con más garantías los dos retos mencionados. Por un lado, facilitará recursos para poner la política fiscal al servicio de la lucha contra la desigualdad —reforzando el Estado del bienestar—. Además, los nuevos ingresos ayudarán a financiar políticas de inversión que permitan sostener la actividad económica y modernizar el tejido productivo.

MÁS INFORMACIÓN

El reciente acuerdo alcanzado entre Unidos Podemos y el Gobierno pretende abrir esta segunda vía, realizando un esfuerzo para aproximar nuestra recaudación tributaria a la de los países de la eurozona. En España, los ingresos del sector público suponen el 38% de nuestro PIB, mientras que dicha ratio se eleva hasta el 46% para la media de la eurozona. No obstante, el problema de nuestro sistema fiscal no radica en que tengamos tipos nominales muy inferiores a los que existen en los países de nuestro entorno. Son fundamentalmente el fraude, la elusión y toda una panoplia de deducciones y exenciones las causas que en buena medida explican la menor recaudación, y que llevan a una desfiscalización de las rentas más elevadas.

Por ello, el acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno se ha centrado en elevar la recaudación, pero con medidas tributarias destinadas a eliminar algunos privilegios fiscales de los que se benefician exclusivamente una reducida minoría (básicamente, importantes grupos empresariales y grandes patrimonios).

Hemos concentrado nuestra atención en establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades —por debajo del cual no cabe ya deducción posible— para los grandes grupos empresariales, al tiempo que se reduce el impuesto del 25% al 23% para las pymes.

Simultáneamente, se incrementa un 1% el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros, y el tipo impositivo sobre las rentas del capital pasará del 23% al 27%, aunque solo para quienes declaren rentas superiores a 140.000 euros. Asimismo, la creación de una Unidad de Control sobre Grandes Patrimonios, con un equipo de 200 funcionarios, es un importante paso adelante para combatir el fraude fiscal allí donde este está más concentrado.

Reducir las desigualdades, equiparar los permisos de paternidad y maternidad para mitigar la brecha salarial, apoyar la creación de empleo en caso de que se produzca una desaceleración o impulsar la inversión en materia de transición ecológica son desafíos que exigirán recursos. Por eso, el colchón fiscal que nuestro país necesita ha de construirse con nuevas medidas tributarias como las señaladas, y no volviendo a una austeridad ya fracasada.

Nacho Álvarez es secretario de Economía de Podemos.

Fuente: El País