Los ayuntamientos están demostrando ser los alumnos más aventajados entre las administraciones públicas. Han cumplido holgadamente los objetivos de déficit (de hecho, en conjunto acumulan superávit) y están ajustando sus deudas. No siempre por voluntad propia: las estrictas normas que les aplica Hacienda han sido el verdadero acicate de muchos. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera aprobada por el Gobierno en 2012 les impide aumentar el gasto y les insta a destinar los ahorros a reducir la deuda, gracias a un mecanismo conocido como regla de gasto.

Sea por responsabilidad o por obligación, la realidad es que casi todos los grandes ayuntamientos rebajaron con fuerza el año pasado su endeudamiento. El punto de partida de cada ciudad es distinto, pero la mayoría se sitúa ya en niveles similares a 2006 o previos, tras empezar a digerir el atracón de números rojos que tocaron su máximo en 2012. Entonces, los 13 municipios de más de 300.000 habitantes debían 13.336 millones. Casi el doble que ahora: en conjunto en 2017 debían 7.547 millones. Entre todos, han amortizado 802 millones en 12 meses, el 9,61%.

Destacan los alumnos más aventajados: Las Palmas tiene prácticamente deuda cero; Bilbao la eleva este año, pero sigue por debajo de los dos millones de euros; Madrid es la que más baja en valor absoluto (también es la que más tiene) y en Valencia cae casi el 16% en solo un año.

Madrid. El ayuntamiento más endeudado de España es el de Madrid. Debe 3.423,5 millones de euros. Con ese abultado compromiso, es también el que, en cifras absolutas más ha rebajado la deuda: ha recortado 444,9 millones de euros. En porcentaje es un 11,5%. La deuda se queda así, al terminar el 2017, por primera vez desde 2005 por debajo del listón de los 3.500 millones de euros. Si se mira por habitante, cada madrileño debe 1.076 euros, es decir, casi 140 euros menos que en 2016.

Este consistorio comenzó a elevar las deudas en 2001 Y cada vez con más fuerza. Aquel año no llegaba a 1.000 millones. Pero las grandes obras, ya desde 2003 bajo el mando de Alberto Ruiz-Gallardón —la construcción y soterramiento de la M-30— dispararon las cifras. En 2007 ya atesoraba un pasivo de más de 6.000 millones. El nivel máximo de endeudamiento de Madrid se alcanzó en junio de 2012, cuando era alcaldesa Ana Botella: acumulaba 7.787 millones de euros. A partir de 2013, todavía con Botella al frente, se apretó el cinturón y llegó la bajada de la deuda, que se aceleró con la llegada de Manuel Carmena en 2015. La deuda de Madrid bajó el 9%, en 2013; el 15%, en 2014; el 19,7%, en 2015; el 18,9% en 2016 y el 11,5% el pasado año.

Zaragoza. Es la quinta ciudad por población de España, pero la segunda en cuestión de deuda. Acumula 921,6 millones de euros al cierre de 2017. Atendiendo a su población, es la que mayor pasivo tiene por persona: 1.386 euros por zaragozano. Este año ha hecho un esfuerzo de contención importante: la rebaja en 68,5 millones, un 6,9%. Su nivel máximo lo alcanzó en septiembre de 2015, cuando superaba los 1.000 millones y la disparó un 30%. Los dos últimos ejercicios la ha bajado cerca del 7%.

Barcelona. Este ayuntamiento tenía al acabar 2017 deudas por valor de 839 millones de euros. Es uno de los grandes que menos esfuerzo de reducción ha hecho en el año: casi la deja igual, con una leve bajada del 0,10%.  Los barceloneses deben 517,7 euros por habitante. La deuda en este ayuntamiento ha sido muy estable en comparación con Madrid a lo largo de los últimos 20 años. Su máximo lo registró a principios de los 90, probablemente por los gastos acumulados con los Juegos Olímpicos del 92. En 1995 debía cerca de 1.600 millones de euros. La caída fue progresiva hasta quedarse por debajo de los 1.000 millones en 2007. Volvió a superarla en 2010 (terminó con 1.200 millones). Y desde entonces ha ido bajando. Los dos últimos ejercicios, con el Consistorio en manos de Ada Colau, se ha quedado casi estancada: en 2016 la elevó el 0,4% y el año pasado la rebajó el 0,1%.

Valencia. La tercera mayor ciudad de España ocupa la cuarta posición en deuda, con 551 millones de euros, 103 menos que un año antes. Se apunta uno de los mayores esfuerzos de reducción: el 15,8%. Se queda así la deuda en unos 700 euros por habitante. La ciudad vuelve así a niveles de endeudamiento total cercanos a los de 2002, con una curva que alcanzó su máximo en 2012, cuando estaba por encima de los 1.000 millones de euros.

Málaga. Para los habitantes que tiene (cerca de 569.000, según el Instituto Nacional de Estadística) tiene una deuda bastante elevada: casi 480 millones. Significan 844 euros por habitante. También la ha bajado considerablemente el pasado año: un 11,5%. Según la serie del Banco de España, nunca llegó a superar la barrera de los 800 millones de euros, pero en 2012 vivió su mayor época de endeudamiento, con casi 760 millones.

Sevilla. La cuarta ciudad por tamaño de España es la sexta en cuestión de deuda: 321 millones de euros. Son al acabar 2017 unos 466 euros por habitante. Ha experimentado una rebaja en 12 meses del 7,36%. La ciudad se movió en el entorno de los 300 millones hasta los años en los que estalló la crisis en España. Su nivel máximo ha sido de 525 millones, en 2010. Desde entonces vivido una rebaja progresiva más o menos estable, que la han devuelto a cifras finales de los noventa.

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Palma. Tenía al acabar el año 317,6 millones de deuda, unos 781 euros por habitante. Es otro de los ayuntamientos que experimenta menos cambio este año: rebaja la cifra el 0,17%. Lleva dos años casi estancada en el mismo nivel. La ciudad vivió un salto importante de su endeudamiento en la crisis, entre 2007 y 2014, cuando marcó su máximo con 375,7 millones al cierre de ese ejercicio.

Murcia. Acaba el año en una situación muy similar a la de Palma, con 310 millones de deuda, unos 701 euros por persona. En su caso, es una reducción del 1,85%.  La deuda sufrió un fuerte varapalo el 2016, cuando afloraron de golpe cerca de 150 millones, que la situaron en 316 millones. Hasta entonces, la ciudad se movía cerca en la horquilla de entre 150 y 250 millones de euros casi todos los años.

Córdoba. La ciudad, con 199,2 millones de euros, hace otra de las mayores reducciones del año, con el 10,42%, hasta los 611 euros por habitante. Logra quedarse por debajo de la barrera de los 200 millones por primera vez desde que arrancan sus estadísticas en el Banco de España, en marzo de 2007.

Valladolid. Este año ha reducido el 9,92% sus deudas y las deja en 97 millones. Se coloca así por debajo de los 100 millones de euros, por primera vez desde que su serie del Banco de España arranca en 2007. La ciudad ha realizado un trabajo continuado de desendeudamiento desde 2010, cuando tenía más de 220 millones. Por persona, a cierre de 2017, la deuda era de 324 euros.

Alicante. La situación de esta ciudad de la Comunidad Valenciana dista mucho de la de Valencia. Acumula 83,9 millones de euros de deuda, 254 euros por persona. Su rebaja anual ha sido del 8,6%. En el momento álgido de la crisis llegó a acumular más de 200 millones. En los últimos cuatro años, la ha bajado a prácticamente la mitad, desde los 168 millones a mediados de 2013 al nivel actual.

Bilbao. Este ayuntamiento es el único farolillo rojo de la serie del Banco de España este año. Al contrario que los otros 12 grandes municipios, eleva su deuda de un año para otro: la dispara oficialmente un 79%. Pero el suelo es tan bajo, que es casi un efecto estadístico. La ciudad pasa de tener 1,09 millones de euros a 1,96 millones. Teniendo en cuenta su tamaño, una cifra irrelevante. Por persona, mantiene uno de los niveles más reducidos registrados en España entre las grandes urbes: 5,7 euros por persona. 

Las Palmas. Es la campeona de la reducción de la deuda. La ciudad canaria tiene 438.000 euros de deuda. Técnicamente nada, para ser una ciudad más de 377.000 habitantes. Salen a 1,2 euro por persona. Y la bajada ha sido espectacular este año: han amortizado 48,7 millones de euros de la deuda que tenían en 2016. La reducción ha sido fuerte y progresiva desde 2012, cuando acumulaban un endeudamiento de 145 millones que han dejado a casi cero.

Fuente: El País