Entre 3.000 y 10 millones de euros. Ese es el nuevo rango en el que se mueven las sanciones que deberán pagar aquellos profesionales que ocupen cargos de administración o dirección y que hayan sido responsables de una infracción relacionada con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Además, esas mismas prácticas ilegales acarrearán multas de un mínimo de 60.000 euros a los sujetos obligados a la prevención de dichos delitos, como las entidades de crédito, aseguradoras, promotoras inmobiliarias, auditores de cuentas, abogados y procuradores, entre otros. Al menos así lo establece la Directiva Europea 2015/849, incorporada en su totalidad por el Gobierno español mediante un Real Decreto-ley aprobado el pasado 31 de agosto.

Además de endurecer las multas, esta nueva normativa incluye medidas orientadas a incentivar las denuncias de particulares con el fin de luchar contra los flujos de origen ilícito. De igual modo, la directiva incrementa los requerimientos de datos de las personas que transfieren fondos entre países de la Unión Europea para identificar su origen y combatir así el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. “Se trata, fundamentalmente, de trabajar con las entidades bancarias y todas esas instituciones que pueden captar recursos cuyo origen no es del todo conocido. Para ello, se actuará sobre la licitud pidiendo muchísimos más datos de aquella persona que está trasladando esos fondos de un país a otro, de una entidad a otra”, explicó Isabel Celaá, ministra de Educación y portavoz del Gobierno, tras el Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto-ley.

En la práctica, la adopción de la nueva normativa refuerza la necesidad de implantar en todo tipo de empresas, independientemente de su tamaño, programas de organización y gestión para la prevención de delitos, con el fin de asegurarse de que no tienen ninguna relación con proveedores, socios o clientes envueltos en irregularidades o asuntos que puedan derivar en un delito o en un grave riesgo reputacional.

Orden entre un maremágnum de información

Ante este nuevo panorama, ¿conocemos a fondo cómo se financian y qué personas están realmente detrás de las empresas con las que firmamos acuerdos? Investigar toda esta información, que además está desperdigada entre distintas fuentes en los más diversos soportes y formatos, podría ser una misión imposible si no se contara con el respaldo de las nuevas tecnologías. Sin embargo, hoy en día existen soluciones, englobadas bajo el término Compliance (cumplimiento normativo), que simplifican, agilizan e incluso automatizan esas tareas.

Este es el caso, por ejemplo, de D&B Onboard, una herramienta de Informa que facilita la toma de decisiones en el ámbito del cumplimiento normativo a través de la verificación de datos a escala global desde un único punto de acceso. Gracias a ella, no sólo es posible comprobar la identidad de más de 300 millones de empresas de todo el mundo, sino también contrastar los datos operativos, financieros y legales de esas compañías con los listados de sanciones de las Naciones Unidas, OFAC (Oficina de Control de Activos Estadounidense) y la Unión Europea, entre otros organismos. Además, se da acceso desde D&B Onboard a listados de PEP (Personas Expuestas Políticamente), de los familiares y asociados cercanos a esas PEP (RCA, en sus siglas en inglés) y de Personas de Interés Especial (por crímenes de alto perfil).

Gracias al big data y el machine learning, es posible recabar información para tomar las mejores decisiones para las compañías.

Marco Postigo, subdirector comercial de Cumplimiento Normativo en Informa,

Según Marco Postigo, subdirector comercial de Cumplimiento Normativo en Informa, los usuarios de este tipo de soluciones evitan hacer negocios con empresas o personas sancionadas y protegen la buena reputación de sus marcas: “Gracias a la digitalización, el big data y el machine learning, ahora es posible recabar información y tratarla para ofrecer datos de valor con los que tomar las mejores decisiones para las compañías”. Además, Postigo puntualiza que una de las ventajas diferenciales de D&B Onboard es que complementa la aportación de información con una labor de vigilancia que realiza un seguimiento continuo de los datos de las empresas que interesan al usuario, de manera que envía avisos en tiempo real en el caso de que se produzca alguna modificación, para conocer inmediatamente cualquier variación que pueda incidir en las relaciones entre las compañías

¿Sabes si haces negocios con una PEP?

Persona Expuesta Políticamente. Estas tres palabras conforman el acrónimo PEP, que hace referencia a los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en un país. Debido a su cargo e influencia, las leyes internacionales de blanqueo de capitales estiman que las PEP podrían ser objeto de operaciones ilícitas por parte del crimen organizado, tanto por corrupción como por operaciones de blanqueo de capital. Por eso, como medida de prevención, el sistema financiero está obligado a reportar si las transacciones de estas personas son susceptibles de enmascarar maniobras de lavado de dinero, tráfico de influencias o financiamiento de actividades terroristas.

Para hacernos una idea más acertada, estos son algunos ejemplos extraídos de la definición de PEP aportada por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF, en sus siglas en inglés): “jefes de Estado o de Gobierno; políticos; ministros, oficiales militares o jueces; ejecutivos de empresas del Estado; u oficiales de importantes partidos políticos”. Según advierte la FATF, las relaciones de negocio con familiares o con socios cercanos de esas PEP también conllevan riesgos de mala reputación similares a aquellos derivados de operaciones con las propias PEP.

Fuente: El País