Viene de antiguo la evidencia de que las leyes españolas imponen un número excesivo de trámites para abrir un negocio o montar una nueva empresa. Un informe del Banco Mundial acaba de radiografiar la regulación empresarial española con resultados contradictorios, pero significativos. La burocracia, según el informe, resuelve bien los procedimientos de insolvencia de una empresa o la defensa de los accionistas minoritarios. Pero ofrece resistencias excesivas a la creación de nuevas compañías.
Para abrir un negocio, el emprendedor se enfrenta a siete procesos o ventanillas que se prolongan una media de trece días. Países como Albania, Azerbaiyán, Burkina Faso o Burundi son mucho más ágiles; pero hay cuatro países avanzados (Alemania, Japón, Austria y Polonia) que ponen más trabas burocráticas que España. Los costes de apertura de una empresa también son elevados y actúan como factor disuasorio de la inversión.
Hay que interpretar con prudencia las conclusiones estadísticas del informe. La legislación empresarial no puede centrarse sólo en la facilidad de concesión de permisos o en las rapidez burocrática, sino también en la calidad jurídica exigible a las nuevas empresas. No es de extrañar que en Alemania o Japón los trámites sean más pesados que en España; el control de calidad se aplica antes de la creación de la sociedad y después se confía en su funcionamiento. El problema español es que la espesura de los trámites no siempre consigue evitar fiascos dolorosos a posteriori.
Los trámites de ventanilla para abrir un negocio tienen que aligerarse, aunque los resultantes sean más rigurosos. Pero, sobre todo, el buen desenvolvimiento empresarial exige que se simplifique el asfixiante laberinto legal de las comunidades autónomas; las normas diferentes y a veces contradictorias que se aplican en todas y cada una de ellas son una barrera innecesaria para el intercambio comercial en España.
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Fuente: El País