El Banco de España advierte de que mutilar la reforma de pensiones de 2013 tendrá un elevado coste para la Seguridad Social. Sus cálculos ascienden a 1,9 puntos del PIB para 2030 y 3,4 puntos del PIB para 2050. Por dar una idea, en euros de hoy serían unos 22.000 millones de euros adicionales de gasto en 2030 y unos 40.000 millones en 2050. Por este motivo, en un análisis publicado este lunes reclama que hacen falta “actuaciones adicionales que aumenten los ingresos o reduzcan los gastos del sistema, con objeto de garantizar su sostenibilidad financiera”.

La reforma de 2013 que aprobó el Gobierno del PP se basaba en dos ejes: por un lado, desvinculaba las actualizaciones de las prestaciones del IPC. En lugar de tomar la inflación para revalorizarlas, fijaba una fórmula que ligaba las mejoras al estado de las cuentas de la Seguridad Social. Como la previsión es que el sistema sea deficitario durante años, las subidas solo serían por el mínimo fijado en el 0,25% durante años. “Las proyecciones implicarían una revalorización anual de la pensiones a la tasa mínima establecida del 0,25% durante gran parte de las próximas tres décadas, lo que, en un contexto de tasa de inflación de en torno al 2% —la referencia a medio plazo del BCE—, daría lugar a una erosión gradual del poder adquisitivo de la pensión a lo largo de la vida de su perceptor”, dice el documento.

Factor de sostenibilidad

La otra pata de la reforma de 2013 era el llamado factor de sostenibilidad, el cual vinculaba la pensión inicial del nuevo jubilado a su esperanza de vida, de forma que cuanto más subiese esta menor sería la prestación inicial. Este elemento se justificaba porque el pensionista cobraría durante más años y estaba previsto que entrase en vigor en 2019.

MÁS INFORMACIÓN

Las dos medidas “contribuyeron a mejorar significativamente la sostenibilidad a largo plazo del sistema, como reflejan las proyecciones de gasto en pensiones para la economía española incluidas en el último informe sobre envejecimiento de la Comisión Europea”, sostiene el informe del supervisor español.

No obstante, el propio Banco de España reconoce que esta reforma también acarreaba problemas para los beneficiarios: “La contrapartida de esta mejora en la sostenibilidad sería un descenso progresivo del valor de la pensión media en relación con el salario medio”. O lo que es lo mismo, los pensionistas iban a perder poder adquisitivo respecto a los trabajadores. De este modo iba a suceder lo contrario de lo que sucedió con la crisis, cuando el valor de las prestaciones se preservó mientras las demás rentas caían, tal y como destacan los últimos informes de la OCDE sobre pensiones.

Ligada al IPC en 2018 y 2019

Sin embargo, para poder aprobar los Presupuestos de 2018, el Gobierno de Mariano Rajoy pactó con el PNV retrasar a 2023 la entrada en vigor del factor de sostenibilidad y revalorizar las pensiones por encima del 0,25% que dictaba la reforma de 2013. Se acordó una subida generalizada del 1,6% para 2018 y otra para 2019. Se mejoraron también las de viudedad. Y las mínimas y las no contributivas se subieron un 1,4% adicional en 2018. En estos momentos, el Gobierno de Sánchez ha prometido elevarlas este año con el IPC. Y el Pacto de Toledo, la comisión donde los partidos políticos acuerdan reformas para las pensiones, ha recomendado que las actualizaciones se hagan de acuerdo con la inflación observada. Como recuerda el Banco de España, el propio Gobierno actual estima que las medidas de revalorización supondrán unos 2.500 millones de gasto más en 2018 y unos 5.300 millones más en 2019. Además, el organismo supervisor sostiene que retrasar el factor de sostenibilidad, que liga las pensiones a la esperanza de vida, supone un incremento del gasto anual en pensiones de 0,1 puntos del PIB (unos 1.200 millones en euros de hoy) durante la próxima década, y de 0,3% puntos (unos 3.600 millones en euros de hoy) durante la década siguiente.

En consecuencia, si las pensiones pasan a subirse con el IPC, y si el factor de sostenibilidad se retrasa a 2023, «arrojará un aumento del gasto de 1,9 puntos del PIB en 2030 y de 3,4 puntos en 2050». Sin tomar más medidas, eso significaría que el déficit actual de las pensiones casi se duplicaría en 2030 y que se triplicará en 2050. Estos cálculos se hacen con las previsiones de crecimiento y demografía que hace la Comisión Europea.

Fuente: El País