Los informes secretos sobre la valoración del Banco Popular ya son públicos. Más o menos: no todos. Y los desclasificados esconden todavía los datos más importantes. Los fondos y accionistas que perdieron toda inversión con la resolución del Popular y hasta los partidos políticos españoles en el Congreso pidieron esa información, pero la Junta de Resolución Bancaria mantenía en secreto el informe de valoración, redactado por Deloitte, que sirvió para tomar la decisión la noche del 6 de junio, cuando se liquidó la entidad, que acabó subastada y en manos del Santander por un euro. La Junta de Resolución acaba de hacerlo público, aunque alegando motivos de confidencialidad, ha mantenido varios datos claves ocultos. El informe está plagado de cuadrados negros que tapan, entre otras cosas, el importe de la liquidez de emergencia del BCE a la que tuvo acceso el banco, la salida de depósitos e incluso lo que hubeiran recuperado los acreedores en caso de insolvencia ordinaria. El lápiz negro usado con profusión por los censores anticipa que el alud de demandas contra la Junta de Resolución y las autoridades competentes seguirá su curso.
Según el informe de Deloitte, que se tuvo que elaborar en 10 días (se había encargado con más tiempo pero el deterioro de la situación obligó a acelerarlo) incluye tres escenarios sobre la posible situación del banco, tal y como publicó EL PAÍS. En el más favorable, el Popular tenía un agujero de 11.800 millones de euros. En el intermedio, de 14.700 millones. Y el más duro, alcanzaba los 20.600 millones de euros. Los tres escenarios arrojaban tres posibles valoraciones: un precio de 1.300 millones en el más optimista, otro de menos 2.000 millones en el medio y de hasta menos 8.200 millones en el pesimista. El impacto del ladrillo era clave en esas tres distintas tasaciones.
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El cuadro sobre el estado del banco tiene dos grandes cuadrados aún clasificados. Eso impide saber con exactitud todas las partidas de valoración. Han quedado censuradas las cifras de costes por «contingencias legales» y las referidas a alianzas, asociaciones y subsidiarias. Entre ambos capítulos sumarían al agujero entre 1.200 millones y 4.100 millones de euros. El informe no explica ni la metodología utilizada. Y la Junta de Resolución no ha hecho pública aún el informe definitivo de valorción, que sigue siendo «confidencial» y no aclara, por tanto, si los acreedores y los bonistas del Popular «podrían haber obtenido mejor tratamiento bajo los procedimientos de insolvencia normal», un dato clave para el proceso judicial en curso.
Datos clave secretos
La Junta de Resolución ha incluido otros documentos entre los informes liberados. En el primero sobre la valoración del banco, fechado el 5 de junio (un día antes de la liquidación y venta del Popular), las autoridades llegaron a la conclusión de que «la valoración no indica que —en el momento de la valoración— el banco sea insolvente», tal como ya decía en julio el BCE. Sin embargo, sí destacan un problema. «Debería ser subrayado que la solvencia de la entidad está bajo condiciones de presión y los mercados dan por descontado un déficit en la cobertura de los activos morosos». También añade una advertencia: «La liquidez y las condiciones de fondos de Banco Popular están desencadenando la valoración de posiblemente fallido o fallido», lo que coincide con la evaluación final del Eurobanco que desencadenó la resolución.
¿Cuál era la dimensión de esos problemas de liquidez? ¿Cuán rápida era la fuga de depósitos? Y ante todo eso, ¿cuántos fondos de emergencia estaba el Banco Central Europeo dispuesto a prestar al Popular, y por qué el banco no tenía garantías suficientes en ese momento para salvar la pelota de partido? La respuesta está en el documento. Pero tachada a petición del BCE o las entidades que tenían relación con el Popular pero todos esos párrafos: las cifras fundamentales han quedado censurados en la versión pública, y la sprincipales cuestiones respecto al final del que fuera banco insignia del Opus Dei siguen completamente abiertas.
Fuente: El País