El Congreso prevé aprobar el código ético de los diputados y regular los grupos de interés o ‘lobbies’ antes de verano y dar cumplimiento así a las recomendaciones en materia de transparencia exigidas a la Cámara en el último informe del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), dependiente del Consejo de Europa.
Dicho informe señalaba que España sigue sin cumplir cuatro de las once recomendaciones que le hicieron en diciembre de 2013, denunciaba que sus progresos son «limitados» y le daba de plazo hasta el pasado 2018 informar de nuevas acciones contra la corrupción en el Poder Legislativo y el Judicial.
Respecto a la regulación de los lobbies, el Congreso ya tiene en tramitación una proposición de ley del PP de reforma del Reglamento para crear un registro público de estos grupos de interés.
El Pleno del Congreso la tomó en consideración en septiembre de 2016, pero desde entonces llevaba ya más dos años y medio ‘congelada’. La presidenta del Congreso pidió a los grupos impulsar esta iniciativa y fuentes parlamentarias apuntan que ahora se va a reactivar su tramitación con una ronda de comparecencias, que se prevén puedan sustanciarse durante el próximo mes de febrero, con el fin de que antes de julio los grupos puedan alumbrar la ley.
En su día, la Mesa de la Cámara mostró su deseo de que con esa reforma reglamentaria del PP se aprovechase para tratar la «huella legislativa» de las leyes y así determinar qué sectores y grupos de influencia han intervenido en la gestión de una ley.
Diputados y senadores
Respecto a la normativa interna sobre conductas éticas y sobre posibles conflictos de intereses de diputados y senadores, el informe GRECO, aunque destaca que todos los diputados y senadores ya están obligados a realizar una declaración de intereses económicos, de bienes y de actividades complementarias, también ve necesario que se incluyan otras informaciones que pueden ser de interés y que han sido objeto de investigación en los tribunales españoles en el marco de conocidos casos de corrupción.
A este respecto, la Mesa del Congreso también encargó en su día a la Comisión del Estatuto del Diputado que estudiase la aplicación de esas propuestas con mayor detalle informativo, entre las que figura el valor de mercado de las propiedades y vehículos, nombres de las empresas en las que tienen acciones o participaciones, tipo de interés que pagan por los créditos obtenidos de instituciones financieras, información sobre regalos que reciben y los viajes a los que son invitados, así como los ingresos por sus actividades complementarias, incluidas las dietas y compensaciones.
Desde el inicio de la legislatura, los socialistas vienen defendiendo que los diputados deben tener «dedicación exclusiva» y que sólo deben permitirse excepciones de compatibilidad para actividades como la gestión del patrimonio propio, la creación literaria o la participación gratuita en programas y tertulias.
Esa interpretación rigurosa de las incompatibilidades que defiende el PSOE ha provocado su rechazo a los informes sobre las compatibilidades de los diputados que la Comisión del Estatuto del Diputado ha elevado al Pleno del Congreso para autorizar las actividades privadas de sus señorías.
El PSOE cree que, sin necesidad de cambiar el Reglamento del Congreso, se debería posibilitar que los diputados que quieren la compatibilidad comparezcan ante la Comisión del Estatuto del Diputado para defender su actividad, y que el órgano pueda hacer un seguimiento, pero estas medidas no encontraron receptividad en el resto de grupos.
Fuente: Cinco Días