El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de esta mañana el Real Decreto Ley que establece la metodología de cálculo de la retribución de las plantas de renovables para los dos próximos periodos regulatorios de seis años (hasta 2031) que se inician el próximo 1 de enero. Tal como avanzó ayer Cinco Días, de dicha fórmula se desprende una rentabilidad en línea con la actual para las instalaciones anteriores de 2013 (un 7,938%) y del 7,09% para las posteriores.
Según el texto legal, para acogerse a la primera opción las empresas deben «renunciar a los procesos judiciales o litigios en curso contra los recortes de 2013 o a las compensaciones que puedan recibir», ha subrayado la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La ministra ha considerado que este real decreto ley «encaja dentro de las necesidades de transformación de nuestro modelo energético» e introduce «predictibilidad, seguridad y recupera la confianza de los inversores que se sintieron traicionados en 2013», en alusión a la reforma del PP que supuso fuertes recortes de los ingresos de las renovables y afectó a 64.000 plantas.
Ribera considera imprescindible la aprobación urgente la nueva fórmula de retribución antes del 1 de enero, ya que «existen enormes dudas» si no se aprueba, lo que podría «avocar en una rebaja de la rentabilidad» o de nuevo a la inseguridad jurídica. La ministra ha recordado que este RLD es fruto de la urgencia y tiene como antecedente el anteproyecto de ley que comenzó a tramitarse hace un año y al que las empresas pudieron alegar, y que decayó ante la convocatoria de elecciones de abril. Era, por tanto, previsible.
Respecto a la opción de mantener la actual rentabilidad en el 7,39%, la considera una «medida paliativa importante, que fue respaldada en el Congreso de los Diputados por todos los grupos políticos, «excepto el Partido Popular», subraya Ribera. La norma, que entrará en vigor mañana, aunque es de aplicación desde el 1 de enero, deberá ser convalidad por el nuevo Parlamento que se constituirá el 3 de diciembre. Con ella se pone fin a la incertidumbre sobre la tasa de rentabilidad que regiría a partir de esa fecha. El Gobierno en funciones tenía previsto aprobarlo antes de las segundas elecciones, las celebradas el 10 de noviembre, si bien, tuvo que posponerlo por las críticas de los grupos políticos que lo consideraban una medida electoralista.
EL RDL incluye una medida especial dentro de la regla general: la de utilizar el criterio social a la hora de adjudicar los puntos de conexión que van a quedar libre en los emplazamientos de las ocho centrales de carbón que se van a cerrar a partir del próximo año así como la concesión del agua. Se trata de una medida transición justa, que beneficiará a los proyectos que generen empleo en las zonas afectadas por dichos cierres.
Preguntada por los arbitrajes y condenas que sufre España como consecuencia de los citados recortes de 2013, Ribera indicó que asciendan a 45, con una reclamación económica de 10.000 millones de euros. de estos se han resuelto 10, que pedían 1.700 millones, de los cuales, los árbitros han estimado 821 millones de euros. La ministra confía en que la alternativa legal aprobada hoy sirva para paliar la litigiosidad o la renuncia al cobro por parte de los inversores. En este sentido, recordó que los jueces argumentan la falta de compensación de la reforma eléctrica.
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Fuente: Cinco Días