Las comunidades autónomas y los ayuntamientos podrán vetar y dejar sin valor alguno miles de licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC) con las que operan empresas como Uber y Cabify, según el decreto ley aprobado hoy por el Consejo de Ministros. La normativa da un plazo de moratoria de cuatro años a esas empresas para poder seguir operando, al término del cual las actuales licencias —válidas para todo el ámbito nacional— perderán su derecho de realizar trayectos urbanos si así lo deciden los municipios. En consecuencia, al final de ese periodo de moratoria, para poder realizar viajes en el interior de las ciudades, las empresas de VTC deberán solicitar una segunda licencia a las comunidades autónomas o a los ayuntamientos, y sin ellas solo podrán operar en trayectos interurbanos con su actual licencia.

De esta forma, el decreto del Ministerio de Fomento habilita a las comunidades autónomas para que fijen, de acuerdo a su criterio y a través de esta nueva autorización, el número de licencias de VTC que deben circular en las ciudades de su comunidad. Las autonomías, o en su caso los ayuntamientos que asuman las competencias, no solo podrán reducir el actual ratio nacional de un VTC por cada 30 taxis, sino que incluso podrán prohibir completamente la circulación de los coches de Uber y Cabify.

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Una moratoria de cuatro años

Para evitar la catarata de recursos judiciales que van a presentar las empresas dueñas de las licencias por la expropiación de sus derechos, el decreto del Ministerio de Fomento concede como “compensación” esa moratoria de cuatro años. Unauto, la patronal de las VTC, ya ha advertido que llevarán llevarán el asunto tanto a los órganos de competencia nacionales (CNMC) como de la UE, y a los tribunales ordinarios al entender que se rompe la unidad de mercado, con medidas anticompetitiva.

Actualmente existen 11.000 licencias de VTC, cinco veces más de las que autoriza la ley, pero se espera que a través de los tribunales otras 10.000 licencias hasta las 20.000.

Con esta normativa se abren dos casos. En las comunidades que, como la de Madrid, no desean asumir esta competencia y no legislen sobre la materia, los VTC podrán seguir circulando como hasta ahora en todas las ciudades, pero al término de los cuatro años perderán su licencia igualmente para trayectos urbanos. Las otras comunidades como la catalana, que sí asumirá las competencias y está dispuesta a cederla a los ayuntamientos, no podrán exigir una segunda licencia hasta dentro de cuatro años, pero sí tiene la potestad de aplicar desde la entrada en vigor del decreto nuevas condiciones de operación para las VTC en el ámbito de su territorio. Por ejemplo, imponerles una normativa similar a la del taxi o incluso más restrictiva en materia de horarios, descansos obligatorios semanales o el régimen sancionador.

Fuente: El País