El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Transición Energética Justa y la Protección de los Consumidores, que ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros, recoge la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica anunciada en el Congreso por la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Sin embargo, dicha suspensión (o reducción a cero del tipo del gravamen) se aplicará solo durante seis meses entre 2018 y 2019 coincidiendo con las estaciones de otoño e invierno. Concretamente, en el último trimestre de este año y el primero del próximo.

A cambio, según ha anunciado la ministra en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, se establece una exención del Impuesto Especial de Hidrocarburos para la producción eléctrica o la cogeneración. Una medida que afectará principalmente a las centrales de ciclo combinado de gas (aunque también de carbón), que son las que marcan el precio más elevado en el mercado marginalista y, por tanto, las que aplica el resto de tecnología. Una bajada de esta producción, por tanto, derivará en una bajada del precio del pool. Según Ribera, ambas medidas fiscales supondrán una rebaja de la factura de los pequeños consumidores del 4%.

El real decreto ley, que entrará mañana mismo en vigor en el BOE, incluye también la desaparición de cualquier tipo de peaje y cargo para la actividad de autoconsumo (ya sea individual o compartido) y la simplificación administrativa para la puesta en marcha de este tipo de instalaciones, que en estos momentos apenas supera el millar, frente al millón con que cuentan países con menos sol, como Alemania. Se libra al autoconsumo del “gran absurdo que suponía el impuesto al sol”, ha indicado.

 Como ya era conocido, el grueso del paquete se centra en medidas de apoyo al consumidor: se amplía la cobertura a los actuales beneficiarios del bono social (incluyendo ahora a familias monoparentales y a dependientes de grado 2 y 3) y se eleva en un 15% el límite de consumo que da derecho al actual bono y dicho techo se modulará a lo largo del año. Otra novedad es la creación del bono térmico, que consiste en una ayuda directa financiada por el Estado (que gestionarán y pagarán las comunidades autónomas en el primer trimestre de cada año), a la que tendrán derecho los consumidores que ya reciben el bono social y se repartirá en función de la vulnerabilidad. El cheque pretende compensar la factura de todo tipo de calefacción, agua caliente y cocina, y se otorgará en función de las temperaturas de la zona.

Otra de las medidas de protección al consumidor, como adelantó Cinco Días, es la prohibición de que las comercializadoras de gas y electricidad contraten el suministro u ofrezcan publicidad puerta a puerta. En caso de incumplimiento, la empresa puede perder, en su caso, la concesión para suministrar en el mercado regulado como comercializadora de referencia. Se trata de “empoderar al consumidor” y que la factura eléctrica “deje de ser esa desconocida”, señaló Rivera.

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El RDL incluye un bloque destinado al fomento de las renovables, con la eliminación de las trabas burocráticas que sufren las adjudicatarias de las subastas (9.000 MW) y liberaliza la actividad de recarga del coche eléctrico, con la desaparición de la figura del gestor de recarga.

La ministra de Transición Ecológica ha subrayado que el objetivo del Gobierno es elaborar en los próximos seis meses una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y una reforma en profundidad del mercado eléctrico. Y ante la falta de tiempo, el Gobierno se ha limitado, por el momento, a adoptar medidas urgentes y coyunturales para aliviar la subida de los precios de la luz.

Así, a la pregunta de por qué ha mantenido a las familias numerosas como beneficiarias del bono social sin tener en cuenta criterios de renta, Ribera que la Estrategia contra la Pobreza Energética se basará en dichos criterios. Por el momento, ha creído más oportuno no modificarlo, en tanto coexistan el bono antiguo del Gobierno del PP, con el bono nuevo, también del PP, y las modificaciones que ahora se han introducido. El plazo para la renovación se amplía del 8 de octubre hasta fin de año.

Fuente: Cinco Días