El Gobierno no quiere que el conflicto que enfrenta a taxistas con empresas como Uber y Cabify se dirima en los tribunales. Por eso, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un decreto ley que consagra el límite para que como máximo pueda haber una licencia de vehículo de alquiler con conductor (VTC ) por cada 30 de taxi. Este tope ya figura en el Reglamento de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) pero el Ministerio de Fomento se ha visto en la necesidad de elevarlo a rango de ley para proteger a los taxistas ante un hipotético fallo desfavorable del Tribunal Supremo que está juzgando el caso.

Precisamente esta semana comenzó la vista en el alto tribunal para dirimir el recurso contra este precepto que fue presentado por la Comisión Nacional de la Competencia (CNMC) al entender que el 1-30 restringe el libre mercado del transporte. Si una sentencia tumbara el apartado 3 del artículo 181 del reglamento, que contiene el tope de licencias introducido en 2015, no tendría ya efectos prácticos al estar contenido ese mismo límite en el decreto ley.. Ahora el Congreso de los Diputados tiene 30 días para aprobar el decreto desde que se publique en el BOE.

El Ministerio de Fomento cumple así su compromiso con el sector del taxi de tratar de protegerle frente a la avalancha de licencias de VTC que se han concedido en los últimos años gracias a un vacío legal, y que han supuesto una seria amenaza a su negocio. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, eludió pronunciarse sobre la tramitación de la causa en el Supremo, pero enfatizó que este decreto era necesario para otorgar una mayor seguridad jurídica porque la petición de licencias ha provocado un desequilibrio entre VTC y taxis.

El decreto aprobado este viernes, de artículo único, modifica la LOTT para conceder a las comunidades autónomas la potestad de denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de VTC en el caso de que se sobrepase ese límite de 1/30. Además, limita considerablemente la actuación de los VTC al precisar que “los vehículos que desarrollen esa actividad deberán ser utilizados habitualmente en la prestación de servicios destinados a atender necesidades relacionadas con el territorio de la comunidad autónoma en que se encuentre domiciliada la autorización en que se amparan».

Con esta disposición se consagra la limitación a las VTC de realizar el 80% de sus trayectos dentro de su comunidad autónoma y solo un 20 % como máximo fuera de ella, el conocido como «80-20».

Urgencia de la medida

El departamento que dirige Íñigo de la Serna justifica la urgencia del decreto ley «porque se está produciendo un incremento exponencial del numero utilizaciones de vehículos con conductor que no pudo ser inicialmente previsto por las Administraciones competentes, que comienza afectar de manera inmediata y significativa a la prestación de otras modalidades de transporte y muy especialmente a los servicios prestados por los taxis en el ámbito urbano».

Actualmente operan 64.217 taxistas y 7.058 vehículos VTC, según las cifras facilitadas por De la Serna, pero pronto se unirán otros 10.000, por la vía judicial, debido a un vacío legal en la anterior normativa, de forma que circulará un VTC por cada cuatro taxis cuando el límite legal es de 1 por cada 30.

Además, y como quiera que está recurrido judicialmente el límite 1/30, empresas como Uber y otras apoyadas por fondos de inversión siguen solicitando masivamente licencias aunque estén bloqueadas esperando que el Supremo liberalice el sector con una sentencia favorable a sus intereses. El enfrentamiento encarnizado entre el taxi y el VTC ha provocado ya varios paros y serios incidentes, con agresiones, quema de vehículos y disturbios de orden público.

Frente a la postura del Gobierno, se ha manifestado siempre la CNMC que, en varias resoluciones ha considerado «injusta» y «desproporcionada» la normativa que restringe la actividad de los VTC , y recurrió ante el Supremo el límite 1/30. A la demanda de Competencia se unieron como demandantes tanto Uber y Cabify como la patronal de los VTC, Unauto. Tras la vista celebrada esta semana, el caso está visto para sentencia.

El decreto también concede al Ministerio de Fomento el poder de convocar la Conferencia Nacional de Transportes “de forma extraordinaria” para “analizar e identificar aquellos aspectos y medidas a nivel estatal y autonómico susceptibles de modificación para mejorar la competitividad, la competencia, la prestación del servicio y la coordinación” de la actividad del taxi y las VTC.

Respuesta de Uber

Uber ha valorado muy negativamente la modificación legislativa  «Este decreto supone una oportunidad perdida para la creación de miles de puesto de trabajo en España y para la modernización de la movilidad en nuestras ciudades. Esperamos ponernos a trabajar con el Gobierno, las plataformas y el sector del taxi en una nueva regulación que haga posible nuestro objetivo común: que cada vez más ciudadanos dejen su coche en casa”, indicó un portavoz. 

Fuente: El País