El Gobierno vasco está entre el fuego amigo y enemigo. Por un lado, la Generalitat catalana ha denunciado a la UE el acuerdo presupuestario que firmaron PNV y PP en 2017 para rebajar la tarifa eléctrica a unas 1.250 empresas, 800 de ellas vascas, que pagaban un sobrecoste por el tipo de línea. Y por otro, la ofensiva de Ciudadanos contra el PP ha situado algunos de los acuerdos del Gobierno de Rajoy con el PNV en el centro de la diana.
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La rebaja de la tarifa eléctrica para empresas, supone unos 50 millones de ahorro para las grandes industrias no solo vascas, sino también de Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria y Castilla-León. Unas 800 empresas vascas y más de 300 de Andalucía, Asturias, Navarra, Cantabria y Castilla-León, pagan entre un 30% y un 75% más de tarifa que las empresas vecinas de Cantabria, con redes de 55.000 voltios, Navarra con redes de 66.000, o La Rioja y Burgos con líneas de 45.000 y 44.000. Pero “de momento (este acuerdo) no se puede aplicar” confirman desde el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, tras el anuncio que su titular, Álvaro Nadal, hizo en Bilbao. Desde el Ejecutivo autonómico recuerdan que los acuerdos son para cumplirse «sí o sí”.
El PP y el Ministerio de Energía tienen muy claro que el acuerdo es defendible ante la UE, pero la situación se está enredando. Argumentan que, a las trabas derivadas del expediente europeo, se añaden ahora las políticas, básicamente por la inexistencia de unos Presupuestos Generales para 2018 que habilitarían los 50 millones que cuesta la rebaja. La referencia presupuestaria que el ministro hizo en Bilbao tenía mucho de llamada al PNV para animarle a que respalde las cuentas públicas de 2018 en un contexto político complicado por la crisis catalana y la aplicación del artículo 155.
Tanto el Gobierno autonómico como el PNV están elevando su nivel de malestar, pero también de preocupación por las consecuencias que, la situación política española, está teniendo en determinados aspectos de la economía vasca. Si la denuncia de la Generalitat de Cataluña a la UE había aplazado la aplicación de la rebaja eléctrica, el recrudecimiento de la batalla entre Ciudadanos y el PP está añadiendo nuevas incertidumbres. La aversión del partido naranja a lo que denomina “privilegios vascos” ha enfriado aún más, si cabe, la aplicación de la rebaja eléctrica, al alejar la posibilidad de apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018 –en los que debería figurar la partida correspondiente- como ya sucedió con los de 2017.
El PNV advierte de que no aceptará el papel de víctima de la encrucijada en la que se desenvuelve la política española. El nuevo escenario tampoco gusta en las patronales vascas que consideran que la rebaja de la tarifa es un acuerdo cerrado destinado a cumplirse. Entienden que no hay lugar para supeditarlo ahora a nuevas condiciones como las presupuestarias. Unos y otros saben perfectamente que una vez aclarado el asunto en Europa, el Ejecutivo central tiene mecanismos para dotar el acuerdo y de hacerlo cumplir, haya o no presupuestos.
El presidente de la patronal vizcaína, Cebek, Iñaki Garcinuño fue el viernes un poco más allá y criticó el papel que está adoptando Ciudadanos, intentando condicionar la relación con los nacionalistas en genérico, sean moderados o no, ayuden a la estabilidad de España o contribuyan a su inestabilidad. Rivera “juega a un juego político con consecuencias que podrían ser graves y que nos perjudican solo por estar en el juego político”, aseguró el viernes Garcinuño.
Fuente: El País