El Consejo de Ministros aprobará este viernes, por segunda ocasión en cinco meses, los objetivos de estabilidad para el periodo 2019-2021. El Gobierno trata así de sortear el bloqueo del PP y Ciudadanos (Cs) en la Mesa del Congreso y en el Senado. Se trata de la segunda ocasión que el Ejecutivo de Sánchez trata de tramitar los límites de déficit, deuda pública y la regla de gasto. La primera vez que llevó la nueva senda al Senado, a finales del pasado julio, no logró los apoyos suficientes para sacarla adelante. En esta ocasión también será dificil que lo consiga pero el movimiento le permite iniciar el trámite para aprobar los Presupuestos Generales del Estado a partir de enero.

Hacienda vuelve a plantear una meta del 1,8% del PIB para este año, frente al 1,3% que tenía planeada el antiguo Gobierno de Rajoy. De no salir adelante la propuesta de la ministra María Jesús Montero (la opción más probable), el Ejecutivo elaborará los Presupuestos con la senda fiscal de Rajoy.

La aprobación de estos objetivos presupuestarios es uno de los trámites legales que exige la liturgia presupuestaria. Se trata de un paso previo imprescindible para aprobar los Presupuestos. A partir de los objetivos de déficit de cada una de las Administraciones Públicas, el Ministerio de Hacienda confecciona el Presupuesto General del Estado.

El Gobierno intenta aprobar por segunda vez los objetivos presupuestarios porque así lo establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la norma consagrada en la Constitución, que persigue el saneamiento de las Administraciones Públicas. Esta norma establece que si el Gobierno presenta unos objetivos de estabilidad y no son aprobados por el Parlamento, el Ejecutivo dispondrá de un mes para volver a presentar otras cifras.

Cumplir el trámite de la Ley de Estabilidad

El Consejo de Ministros aprobará los objetivos presupuestarios más con la intención de cumplir el trámite que exige la Ley de Estabilidad, que con la idea de aprobarlos porque es consciente de que volverá a chocar con el muro que han levantado el PP y Cs en el Senado. Pero tras consultar con la abogacía del Estado considera que habiéndolo intentado en dos ocasiones, como señala la norma, tiene vía libre para llevar los Presupuestos al Congreso sin sombra de ilegalidad, como le acusaban tanto los populares como la formación naranja.

Hasta ahora el Gobierno había demorado su segunda propuesta de los objetivos de déficit, porque existían dudas razonables de que el Gobierno presentara los Presupuestos. Pero esta semana, tras conocer el resultado de las elecciones andaluzas, Pedro Sánchez ha dado luz verde a la presentación de las cuentas de 2019, para tratar de medir su fortaleza parlamentaria.

Salvar el veto de la Mesa del Congreso

Hacienda considera, una vez consultada la abogacía del Estado, que con este trámite podrá iniciar la aprobación de los Presupuestos de 2019, con independencia de que el Congreso termine aprobando o no los objetivos presupuestarios.

Existe un debate parlamentario porque tanto PP como Ciudadanos consideraban que sin este segundo intento para aprobar los objetivos presupuestarios no se podía iniciar la tramitación de los Presupuestos. Y, por tanto, podrían bloquear estos en la Mesa del Congreso alegando que no han cumplido la legalidad porque no se han tramitado todos los requisitos legales. Pero este movimiento del Gobierno de Sánchez habilita la presentación de los Presupuestos y le permite esquivar ese bloqueo de la Mesa.

Cambiar la Ley de Estabilidad

El escollo surgió cuando el actual Ejecutivo trató de suavizar la senda de reducción de déficit, para tener más margen presupuestario y recuperar algunos de los recortes que aún quedaban coleando de la crisis. El Gobierno de Sánchez quiso cambiar el objetivo de déficit del 1,3% del PIB previsto para 2019 al 1,8%. Considera que el punto de partida que le dejó el anterior Gobierno de Rajoy era irreal, ya que, a su juicio, le dejó las cuentas descuadradas. Y el déficit de este año, el 2,2%, también lo era irreal, según argumentan. Por eso, el actual Ejecutivo insiste en que propone una senda de estabilidad realista para que la reducción del déficit no perjudique el crecimiento.

Para el próximo año, el objetivo de déficit aprobado por el Consejo de Ministros queda fijado en el 1,8% del PIB, cinco décimas adicionales al límite vigente. De este mayor margen, dos décimas son para las comunidades autónomas, dos para la Seguridad Social y solo una para la Administración central.

Plan de empleo joven

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobará también este viernes el Plan de Empleo Joven 2019-2021, que pretende reducir en diez puntos la tasa de desempleo para menores de 25 años hasta situarla en el 23,5% dentro de tres años, y movilizará para ello 2.000 millones de euros en el proyecto de ley de presupuestos de 2019.

El plan, tal y como adelantó EL PAÍS, incluye 50 medidas dirigidas a mejorar el empleo de los menores de 30 años, entre los que hay más de 550.000 personas desempleadas. Ha sido consensuado por el Gobierno y los interlocutores sociales, y su borrador prevé repartir la dotación presupuestaria de forma que en 2019 se invertirán 665 millones; en 2020, otros 666; y en 2021, 668 millones.

Además, el Gobierno tiene previsto tramitar hoy el anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución para dotar de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad con el objetivo de lograr la igualdad real y efectiva de este colectivo.

La aprobación de este anteproyecto en la reunión de hoy fue adelantada esta semana por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad tras la reunión que su titular y vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Sanidad mantuvieron con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI). La reforma incluirá la eliminación de la palabra «disminuido» para referirse a las personas con discapacidad.

El Consejo de Ministros aprobará igualmente el real decreto ley de medidas urgentes de impulso a la industria y el comercio, así como un anteproyecto de ley sobre uso de los datos del registro de pasajeros para facilitar la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.

Fuente: El País