La investigación abierta en el juzgado de Instrucción número 31 de Madrid en 2015 para conocer el origen de la fortuna de Rodrigo Rato da un paso más. El magistrado Antonio Serrano-Arnal ha acordado procesar al ex vicepresidente del Gobierno por el presunto trato de favor en la concesión de contratos publicitarios de Bankia a dos agencias llamadas Zenith y Publicis.
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Además de Rato, el juez ha acordado la misma medida para otras 12 personas, entre ellas su secretaria personal y mano derecha, Teresa Arellano, su presunto testaferro, Alberto Portuondo, y quien fue consejero ejecutivo de Bankia, José Manuel Fernández Norniella, en un auto firmado ayer y conocido hoy.
En esta pieza separada, llamada Zenith-Publicis, la Fiscalía acusa a Rato de corrupción entre particulares. Estas dos agencias ganaron la campaña de lanzamiento de la marca Bankia (tras la fusión de las cajas de ahorro que formaron la gran entidad bancaria) y supuestamente pagaron dos millones de euros al presunto testaferro de Rato, Alberto Portuondo. De esa cantidad, el expolítico habría cobrado 835.024,64 euros a través de una de sus empresas, Kradonara 2001.
La Fiscalía Anticorrupción pidió el procesamiento de Rato y de otras 15 personas por un presunto delito de corrupción entre particulares por el cobro de comisiones a agencias de publicidad contratadas por Bankia durante el mandato del ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según las conclusiones del fiscal, Rato supuestamente escondió 835.024 euros mediante una estructura opaca y creó un «auténtico grupo de presión dentro de la entidad financiera» para delinquir.
Inicialmente el magistrado descartó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de procesar al expolítico, porque este caso estaba relacionado con el supuesto fraude fiscal y el blanqueo de capitales que se investigan en otras piezas separadas del caso. De hecho, el auto del magistrado señala que uno de los testigos manifestó que casi todo el dinero (unos 700.000 euros) fue a Bagerpleta GMBH, empresa participada por Rato y dedicada a la explotación de un hotel en Alemania, cuestión que es objeto de la pieza dedicada al presunto blanqueo de capitales de Rato.
Bankia no facilita documentación
En abril de 2018, la Audiencia Provincial de Madrid instó a Serrano-Arnal para que requiriese a Bankia las propuestas de todas las agencias a fin de acreditar si la adjudicación «se debió a que estas eran las mejores como ellas sostienen, y no al presunto pago de comisión» alguna, informa EFE.
Ahora el magistrado destaca que Bankia no le ha facilitado ningún documento que aclare los criterios por los que fueron elegidas ambas agencias en el concurso, después de que la entidad alegara el pasado mes de diciembre que «carece de antecedente o documentación relativa al informe de valoración», según señala el auto.
Rodrigo Rato ya ha sido condenado a cuatro años de cárcel por las tarjetas black de Caja Madrid. Está actualmente en prisión. Desde el pasado mes de noviembre se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de estafa a inversores por la salida a Bolsa de Bankia. Por esta causa la Fiscalía pide para él cinco años de cárcel.
Fuente: El País