Los peritos contratados por un grupo de bonistas, (Anchorage, Algebris, Carin Capital y Pimco), que perdieron alrededor de 2.000 millones con la caída del Banco Popular, han presentado un informe demoledor ante la Audiencia Nacional.

Según David Aliaga, de FTI Consulting, Miguel Pérez y José María Jerez, ambos socios de PSJ Forensic, el Popular tuvo un “déficit continuo y persistente en las provisiones del banco” desde 2008, lo que le hubiera llevado a declarar pérdidas desde ese ejercicio hasta el final. El Popular solo reconoció estar en pérdidas en 2016, cuando declaró números rojos por 3.485 millones. Los peritos sitúan las pérdidas de ese ejercicio en 5.105 millones.

Las provisiones no declaradas, según el informe pericial, corresponde a “ajustes identificados por los supervisores. Fueron causadas por múltiples y recurrentes irregularidades contables, que aunque fueron identificadas por los supervisores, no fueron comunicadas al mercado”, aseguran.

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Y continúan diciendo que estas irregularidades tuvieron un impacto “artificialmente positivo en los índices de cobertura activos no productivos y en la ratio de morosidad”. Los peritos destacan estos desajustes porque “fueron las métricas clave utilizadas por los inversores para medir la calidad del balance del banco”.

Parte de las acusaciones del informe coinciden con las acusaciones realizadas por Emilio Saracho, presidente del Popular cuando quebró el 7 de junio de 2017. Los expertos de los bonistas dicen que se clasificaron de forma errónea las operaciones refinanciadas del banco, los préstamos dudosos, y que hubo deficiencias en la valoración de activos inmobiliarios.

Deudas ocultas en las filiales

También aseguran que no cumplieron con la obligación de incorporar compañías controladas por el banco en sus estados financieros. Insisten en un argumento que fue negado por Roberto Higueras, exvicepresidente del Popular, en su reciente declaración en la Audiencia: que se ocultaron las deudas y pérdidas incobrables y evitó contabilizarlas en su balance al refinanciarlas a través de una estructura financiera, denominada Thesan, con sede en Luxemburgo.

El informe afirma que el banco buscó mejorar sus índices de solvencia, entre otras cosas, no deduciendo intencionadamente de sus recursos de capital computables la financiación para la compra de sus propias acciones.

El resultado combinado de estos problemas, según estos peritos, fue que las cuentas y los estados financieros del Popular, al menos desde 2011, y la documentación publicada por el banco sobre la ampliación de capital de mayo de 2016, «no reflejaban su situación financiera real». En opinión de los expertos, estas circunstancias tuvieron un impacto significativo en los inversores, lo cual exige nuevas investigaciones.

Fuente: El País