El presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña, ha denunciado hoy el aumento de las dispersiones y divergencias entre las comunidades autónomas y ha insistido en la urgencia de «mejorar la colaboración, la coordinación, la codecisión y la información de todos los centros de poder». Además, durante su comparecencia ante la Comisión para la Evaluación y la Modernización del Estado Autonómico del Congreso de los Diputados, ha recomendado que cualquier reforma que se lleve a cabo «debería orientarse a favorecer la coordinación y promover la solidaridad».
A su juicio, esta ausencia de cooperación institucional afecta directamente a la eficiencia y eficacia «en la gestión de los bienes constitucionalmente protegidos, amenazando la igualdad y atentando contra la solidaridad». En ese sentido, destaca que año tras año los índices de dispersión y divergencia no solo se mantienen, sino que se profundizan.
Y ha dado algunos datos: la renta per cápita en algunas Comunidades Autónomas es la mitad que en otras; el desempleo puede llegar a ser tres veces más; el gasto sanitario para algunos españoles es de 1.600 euros al año, para otros no llega a 1.100 euros; para algunos españoles la renta mínima de inserción es de 648 euros, para otros 300 euros; para algunos la pensión media ronda los 1.300 euros, para otros es de 758 euros.
«Esta es nuestra pluriculturalidad», ha subrayado para añadir: «Cuando la ley es buena y obliga a la cohesión y a la igualdad, y el resultado es mejorable, uno tiene la tentación de pensar que lo saludable no es reformar la ley, sino reformar, mejorar, la voluntad». Por ello, reclama «la necesidad de arbitrar el procedimiento que institucionalice la concertación y la coordinación de todos los centros de poder, de modo que se active de forma colegiada para garantizar el objetivo común de armonizar los diferentes intereses y de salvaguardar la unidad de mercado y cohesión social».
Peña, que el pasado verano dirimió el arbitraje en el conflicto del aeropuerto de El Prat (Barcelona) entre los trabajadores de seguridad y la Administración, puso el énfasis en los artículos 7 y 37 de la Constitución, referentes a los agentes sociales y a la negociación colectiva, en «los que se soporta el armazón social» para prosperar en la cohesión. A su juicio, los sindicatos y las organziaciones empresariales defienden algo más que intereses propios de sus afiliados, contribuyen a la defensa y promoción de los itnereses económicos y sociales, son sujetos constitucionales».
Peña también ha recalado en «la mutación tecnológica acelerada dentro de la economía globalizada» que se ha producido (robotización, digitalziación, economía colaborativa, la escisión entre el poder político y el económico, la bomba demográfica…) y que lleva a una realidad compleja. En ese sentido, ha destaca el papel del CES como una institución de «democracia participativa por antonomasia, pero también deliberativa, porque persigue la convicencia y la conciliación de intereses desde la razón y a la tolerancia».
Fuente: El País