El Banco Santander no quiere dejar pasar por alto el fichaje fallido de Andrea Orcel como consejero delegado el pasado enero. La contratación del banquero, que procedía de UBS, se frustró porque exigía un pago de 50 millones. Por eso, la entidad que preside Ana Botín propondrá a la próxima junta de accionistas limitar las primas o bonus que paga a los nuevos consejeros ejecutivos por incorporarse a la entidad.

La polvareda levantada por el caso Orcel y su repercusión mediática ha hecho que el Banco Santander mueva ficha y se prevenga para que no vuelva a ocurrir. “Las bonificaciones por contratación solo se podrán acordar una vez con los consejeros ejecutivos, podrán abonarse en metálico o en acciones y, en ambos casos, no superarán la retribución variable máxima que se entregó a todos los consejeros ejecutivos en el año anterior”, señala el banco en el informe anual registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La remuneración variable que devengaron los tres consejeros ejecutivos actuales del banco en 2018 ascendió a 10,4 millones de euros: la presidenta Ana Botín recibió 4,736 millones; el consejero delegado, José Antonio Álvarez, se llevó 3,164 millones, y el vicepresidente, Rodrigo Echenique, 2,512 millones. De esta cantidad total, 6,5 millones fueron retribución variable de abono inmediato (la mitad en acciones) y 3,9 millones de pago diferido (también con un 50% en acciones).

En su conjunto, el consejo obtuvo una remuneración de 28,91 millones en 2018, un 9,4% menos por la ausencia de Matías Rodríguez Inciarte, que se ha jubilado. La alta dirección está formada por 18 personas y percibió 60,26 millones, un 8% menos que en 2017 cuando contaba con un miembro más. Pese a la nueva regulación, el banco mantiene la compensación que debe recibir el directivo por la pérdida de los bonus que tuviera acumulados en la entidad de la que procede, denominado buy outs . “Si el nuevo consejero procede de una entidad ajena a grupo Santander, éste podría ser beneficiario de un buy out que compense la pérdida de retribuciones variables que habría percibido de su entidad de origen de no haber aceptado la oferta de contratación del grupo y/o podría recibir una bonificación por contratación como incentivo para que se una al Banco Santander”, se precisa en la memoria anual de la entidad.

El pasado 25 de septiembre, el Santander anunció que había fichado a Andrea Orcel como consejero delegado. Pero dio marcha atrás el 15 de enero. Y anunció que José Antonio Álvarez, que iba a ser relevado, continuará como consejero delegado y vicepresidente del consejo. El Santander comunicó que no contrataría al alto ejecutivo del banco de inversión UBS porque tendría “un coste inaceptable”, ya que debería indemnizarlo con más de 50 millones.

Durante la negociación, el banco español había dado por hecho que UBS le pagaría a Orcel esos bonus pendientes, por no considerar al Santander un competidor, pero no ha sido así.

El informe financiero anual de Santander desvelaba que el nombramiento de Orcel estaba “sujeto a la obtención de las autorizaciones pertinentes, a la adopción por la junta general de los acuerdos oportunos en relación con su futura remuneración y la terminación de la vinculación contractual que le ligaba a su anterior empleador”.

Y añadía: “Posteriormente, como consecuencia de la modificación de las bases sobre las que se había tomado esta decisión y de que los costes de compensar al señor Orcel por sus remuneraciones pasadas excedían los tenidos en cuenta al acordar su nombramiento, en enero de 2019, el consejo de administración acordó dejar sin efecto el nombramiento”.

Fuente: El País