El Tribunal Surpemo ha confirmado la condena de seis meses de prisión que le fue impuesta el pasado marzo por la Audiencia de Vizcaya a Mario Fernández Pelaz, ex presidente de Kutxabank, por apropiación indebida cunado ocupaba dicho cargo. Por este motivo, Fernández ha presentado la dimisión como consejero de Repsol, cargo que ocupaba desde 2011. La petrolera, que comunicó el hecho relevante reconociendo la categoría profesional de Fernández, había decidido no exigir la dimisión de Fernández mientras la sentencia no fuera firme.

Siendo presidente de Kutxabank, a principios del año 2012, Mario Fernández, buscó acomodo al exdelegado del Gobierno central en el País Vasco, Miguel Ángel Cabieces, en un despacho de abogados que trabajaba para la entidad financiera. Cabieces recibió 243.000 euros por un contrato de tres años. Dicha contratación fue denunciada en 2015 por el sucesor de Mario Fernández en la presidencia de Kutxabank, Gregorio Villalabeitia. El propio Fernández repuso esa cantidad de su bolsillo cuando estalló el caso, por el que la Fiscalía pedía dos años de cárcel.

Mario Fernández, que dirigió la fusión de las cajas vascas, aludió que buscar acomodo “a quienes salían de la primera línea de la lucha contra ETA era una cuestión de Estado” y que se trataba de una “ley no escrita” que había funcionado durante los últimos treinta años.

Fernández, de 73 años, recurrió la sentencia de la Audiencia provincial para limpiar su honor profesional, al entender que su actuación al frente del banco fue “legal y ética”. “Voy a recurrir porque nunca, y así ha quedado acreditado, he actuado atendiendo a mis propios intereses”, añadió entonces. Además de expresar su respeto a la decisión de la Audiencia vizcaína, mostró su “total disconformidad por entender que “no ha atendido a ninguna de las pruebas presentadas en este largo proceso de instrucción”.

La sentencia de la Audiencia vizcaína también condenó al abogado Rafael Alcorta a seis meses de prisión como cómplice de Mario Fernández en el delito de apropiación indebida.

Fuente: El País