El recorrido legal contra el impuesto a las grandes superficies llega a su fin. El Tribunal Supremo, en dos sentencias publicadas en los últimos días, ha dado la razón a las comunidades autónomas de Asturias y Navarra frente a la patronal de estos establecimientos, Anged, que reclamaba la anulación del tributo.

El Alto Tribunal, en una sentencia firmada el 19 de septiembre, afirma que “la finalidad de desplazar, sobre los establecimientos implantados como grandes superficies, las incidencias negativas que generan sobre el medio ambiente (…) como sobre el territorio y la trama de comercio urbano que su actividad genera (…) constituye un objetivo constitucionalmente legítimo”, y establece que el tributo no vulnera “el derecho a la libertad de empresa” por los objetivos anteriormente descritos.

En el caso de Navarra, el impuesto sobre las grandes superficies fue eliminado en el año 2013, mientras que Asturias, junto a Aragón y Cataluña, lo mantiene vigente. La decisión del Supremo era esperada, después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declarara el pasado mes de abril su legalidad y su compatibilidad con el derecho europeo, después de que el alto tribunal español elevara una consulta sobre el caso.

Desde Anged esperaban el “efecto cascada” derivado del planteamiento del TJUE, y mantienen su postura de que, pese a que la justicie ha declarado la legalidad del impuesto, este es “insostenible” dado el contexto competitivo del sector de la distribución, sobre todo con los operadores de internet que no tienen que hacer frente a este tipo de gravámenes. La patronal estudia las sentencias para analizar el impacto que tendrán entre sus asociados, entre los que se encuentran El Corte Inglés, Ikea o Carrefour.

La recaudación de este impuesto se elevó a 14,8 millones de euros en Cataluña durante el año pasado, un 3,9% menos que en 2016. También descendió en el Principado de Asturias, pasando de 5,4 millones de euros en 2016 a 5,2 en 2017. Por su parte, el Gobierno de Aragón tiene presupuestados ingresos de 8,7 millones para el ejercicio actual por este concepto.

Fuente: Cinco Días