No ha durado ni 24 horas. El Tribunal Supremo se va a replantear la decisión de ayer mismo que establecía que sea el banco el que pague el gasto de firma de la hipoteca, que ha provocado fuertes caídas en Bolsa a la banca. En una insólita reacción, Luis María Díez-Picazo, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, la que dictó la decisión de ayer, ha optado por frenar los recursos pendientes sobre esta misma cuestión que ya tenían fecha de revisión. Así, se evitará que se aplique la nueva jurisprudencia.
En las próximas semanas, será el pleno de la Sala, formada por 31 magistrados, el que decidirá si acepta que sea el banco el que pague el impuesto o si tendrá que hacerlo, como hasta ahora, el cliente. Con esta decisión, el presidente de la Sala evita que, de momento, se aplique la nueva jurisprudencia. En una nota pública, Díez-Picazo justifica su decisión en la “enorme repercusión económica y social” de la sentencia notificada este jueves que, “supone un giro radical en el criterio” que mantenía hasta ahora el Supremo.
La decisión del presidente de la sala tiene dos puntos. El primero, dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos pendientes relacionados con a quién corresponde pagar el llamado Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. El segundo, llevar al pleno de la sala el conocimiento de alguno de esos recursos “a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado”. Es decir, el Supremo no descarta dar marcha atrás en el criterio establecido ayer y que ha generado un terremoto en la banca.
La decisión de ayer fue adoptada por una de las secciones de la Sala de lo Contencioso, la sección segunda, que es la que revisa los casos relacionados con tributos. Algunos en el alto tribunal cuestionaban ayer que una decisión de este calibre no se hubiera llevado desde el principio al pleno, formado por los 31 magistrados que componen la sala. Pero Díez-Picazo, que como presidente tiene la facultad de elevar al pleno los asuntos que considere relevantes, lo dejó en manos de un tribunal formado por seis magistrados. Cinco de ellos suscribieron el cambio de criterio y que sea el banco el que se haga cargo del impuesto. Este viernes, a la vista del revuelo ocasionado, el presidente ha dado marcha atrás.
Fuente: El País