Vanesa es una mujer inmigrante madre de dos hijos menores de 14 años. Ha acudido al Sindicat de Barri del Poble Sec en Barcelona para explicar su caso. Lleva diez años en un piso de alquiler por el que paga 480 euros al mes. Su vida sufrió un sobresalto el pasado octubre cuando la empresa propietaria le comunicó que había vendido el edificio a una sociedad de nombre inglés, que al mes siguiente no le renovó el alquiler. La vida de esta familia se ha vuelto imposible. No hay viviendas a precios asequibles. La historia se repite en miles de casos por la afluencia de capitales internacionales en busca de rentabilidad.

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Barcelona, Madrid, París, Londres, Nueva York y otras ciudades están siendo desestabilizadas por la acción de los fondos de inversión. La socióloga Saskia Sassen analizó este fenómeno en un reciente encuentro de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau con los vecinos. Para la profesora de la Universidad de Columbia “Barcelona se ha convertido en un experimento. Los grandes inversores compran edificios que siguen vacíos. Entonces decíamos ‘mira lo mal que les ha ido a estos inversores’. Pero nos equivocábamos. No les fue mal. Ahora vemos que un edificio vacío les renta más que uno ocupado gracias a un algoritmo, que valora los aspectos materiales de los inmuebles”. Sassen sintetizó: “Hoy una pared puede convertirse en valor. Los financieros ya no quieren más derivados, cuyo mercado supera los 1.500 billones de dólares, unas 20 veces el PIB mundial. Quieren activos materiales que son más fáciles de valorar”.

Este fenómeno de “financiarización de la vivienda” fue analizado por la relatora especial de Naciones Unidas para la vivienda Leilani Farha en 2017. Farha señaló que la inversión mundial en residencias ha dado lugar a que la “vivienda se considere una mercancía, una forma de acumulación de riqueza”. Y precisó que estas inversiones en inmuebles “desconectan cada vez más a la vivienda de su función social de provisión de un lugar para vivir en condiciones de seguridad y dignidad y, por lo tanto, socava la efectividad del derecho a la vivienda como un derecho humano”.

Algunos países han reaccionado ante este demoledor tsunami. Farha citó a Austria, China, Filipinas, Tailandia y Vietnam, que “han establecido restricciones en cuanto a las adquisiciones por extranjeros de inmuebles”. Precisó que el alcalde de Londres ha propuesto que los constructores deben garantizar que el 35% de las nuevas viviendas sean realmente asequibles.

En esta línea la alcaldesa de Barcelona ha aprobado una norma que exige a las nuevas construcciones que destinen un 30% de los inmuebles a viviendas sociales. Ante la gravedad de los hechos, Naciones Unidas trabaja en un tratado en el marco de los derechos humanos y las empresas que incluya también las inversiones inmobiliarias.

En su reciente libro La guerra de los lugares, la anterior relatora de Naciones Unidas, Raquel Rolnik, avisa: “La ciudad colonizada por las finanzas explota en insurgencias, conflictos y violencia”.

Fuente: El País