El presidente de Enagás, Antonio Llardén, aseguró ayer que el Ministerio de Energía se ha comprometido a garantizarle el coste del mantenimiento del almacén de gas Castor, hibernado desde 2015. El pasado 22 de diciembre el Tribunal Constitucional anuló varios artículos del real decreto ley que establecía la compensación de la inversión de esta planta (una deuda de 1.350 millones de euros que fue titulizada por Santander, Caixabank y Bankia), así como los gastos de mantenimiento que realiza el operador del sistema gasítico, que rondan los ocho millones anuales.
Según explicó Llardén en una conferencia de analistas de presentación de los resultados anuales, el ministerio incorporará dicho coste “en la próxima orden ministerial general que hagan del sistema”, esto es, en una próxima norma sobre el sistema de gas o, a más tardar, en la orden de peajes de 2019. A la vista de la sentencia del Constitucional, la CNMC ha dejado de liquidar tanto el coste de Enagás como la deuda de los bancos y, en el caso de la compañía, le ha restado lo que había recibido en 2017, dado que las liquidaciones de ese ejercicio aún son provisionales y las ha neteado con los ingresos que, a su vez, recibe del sistema. Los servicios jurídicos del organismo supervisor están estudiando cómo reclamar a los bancos las cantidades cobradas en los últimos tres años (80 millones anuales). Las entidades, por su parte, estudian acciones jurídicas contra el Estado o contra Enagás, o contra ambos.
Aunque el coste de mantener el malogrado almacén de gas se incluyó en el citado RDL, lo cierto es que no requiere de rango de ley y podría solventarse con una orden ministerial, señalan fuentes jurídicas.
Enagás obtuvo el año pasado un beneficio neto de 490,8 millones, lo que supuso un 17,6% más que en 2016, gracias a la integración de la planta de regasificación GNL Quintero, en Chile. El crecimiento ha estado por encima del objetivo previsto del 11,9%, según la compañía. El ebitda creció también un 17% el año pasado, hasta los 1.110,3 millones
Los ingresos ascendieron a 1.384,6 millones, un 13,7% superior al año precedente. Por su parte, las inversiones totalizaron 328,5 millones, de los cuales 68,5 millones se destinaron a España y 259,9 millones fue inversión neta internacional. En esta destaca la destinada a TAP (Trans Adriatic Pipeline), proyecto en el que Enagás cuenta con un 16% (174,8 millones) y el aumento de la participación en COGA por 8,3 millones de euros y el pago de las garantías asociadas a GSP (Gasoducto del Sur Peruano) por 213 millones de euros. La compañía ha iniciado un arbitraje internacional contra el retraso del Gobierno del país de lanzar la subasta del gasoducto que le permita recuperar la inersión.
Mientras, la deuda neta stand alone del grupo se situó en 4.364 millones de euros a cierre de 2017, frente a los 5.089 millones de un año antes, con más del 80% de deuda a tipo fijo.
El consejo ha propuesta a la junta un dividendo de 1,46 euros brutos por acción, un 5% más que el año anterior.
Un recorte de 20 millones en las redes
El presidente de Enagás, Antonio Llardén, indicó ayer que los posibles ajustes que pueda introducir el Ministerio de Energía en la retribución a las redes tendrían para su compañía un impacto en el peor de los casos 20 millones, entre un 37% y un 40% del total.
Según Llardén, el sector gasístico no parece necesitar ningún tipo de revisión regulatoria importante. la CNMC había recomendado cambiar la vida regulatoria de ciertos activos, pero que esto no afecta a Enagás.
En su opinión, el déficit del sistema del gas ido que, además el déficit gasista está controlado desde la reforma de 2014. Además, que puede anticiparse la fecha en la que se acabe con dicho déficit a 2023.
Fuente: Cinco Días