En el marco de la elaboración del nuevo Plan Nacional de Residuos Radiactivos, que sustituirá al actualmente vigente que se remonta a 2006, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) ha tomado la decisión de abandonar el proyecto de construcción del polémico Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos que proyectaba construir en el municipio conquense de Villar de Cañas.

La empresa pública responsable de la gestión de los residuos atómicos, del combustible gastado y del desmantelamiento de las plantas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, estudia dos opciones al fracasado almacén central. Una de ellas, construir tres Almacenes Temporales Distribuidos (ATD), que agruparía la gestión de los residuos para varias centrales: uno en Cataluña, para las centrales de Ascó, Vandellós y Cofrentes; otro en Almaraz y otro en Santa maría de Garoña (los residuos de las centrales de Trillo y Zorita, en Guadalajara, podrían ir a la central burgalesa).

Una segunda opción es mantener el modelo de los actuales almacenes temporales individuales (ATIS) que tienen prácticamente todas las centrales, uno para cada nuclear, pero sustancialmente mejorados. Se trata de los llamados Atais (Almacén Temporal Autónomo Individualizado).

Sea como fuere, ni Enresa ni el Gobierno se han decantado por ninguna de las opciones, ya que cada una tiene sus pros y sus contras: los Atais resultan más caros que el ATC (según el presupuesto oficial, 4.208 millones de euros, en el primer caso, entre los años 2018 y 2077, y 6.238 millones, en el segundo) pero los ATD resultarían tan conflictivos como el ATC pues obligará a transportar residuos, lo cual se pretendía evitar, aunque sea en trayectos más cortos. Las organizaciones ecológicas ya han mostrado a Transición Ecológica su rechazo frontal a estos traslados.

Avales e intereses

Por el momento, Enresa anda enfrascada en la devolución de los avales presentados en 2014 las constructoras licitadoras de la obra civil principal del almacén nuclear (fase 0,1 y 2). Se trata de cinco UTES (Unión Temporal de Empresas) que aportaron 26,8 millones de euros en garantías provisionales que representaban un 3% del importe de licitación.

Inicialmente, los licitadores eran ocho, pero tras la exclusión de tres de ellos en 2015, quedaron las UTES integradas por Sacyr-Pavelsa (a esta pertenecía la desparecida Corsan-Corvian); la de FCC-Vías y Construcciones-Gismero Construcciones; Azvi-Comsa-Construcciónes Sánchez Domínguez Sando, Obrascón-Acciona y Dragados-Sarrión-Ferrovial Agromán (ver gráfico).

Aunque para el ATC se convocaron otras cuatro licitaciones (las de la dirección del proyecto; la supervisión de obra; los equipos de manutención y la de vigilancia de radicación) solo se exigieron avales a las empresas que optaron a la obra principal.

Para determinar si la suspensión de las adjudicaciones a estas constructoras era “conforme a Derecho”, el pasado mes de diciembre, Enresa solicitó el informe correspondiente a la Abogacía del Estado. Según el dictamen, al que ha tenido acceso CincoDías, la normativa (Ley de Contratos del Sector Público y doctrina del Tribunal de Justicia de la UE) la renuncia es conforme a Derecho si se adopta “antes de la adjudicación”.

Para ello, añade el informe, deben concurrir razones de interés público (como modificaciones del contexto económico, de las circunstancias o las necesidades de la entidad adjudicadora) que deben estar motivadas y justificadas.

El Abogado del Estado, por lo tanto, ha informado favorablemente a la decisión de Enresa, por considerar que se cumplen estas condiciones: se renuncia antes de la contratación y hay razones de interés público. El proyecto, ha sido sometido a casi una decena de autorizaciones o requerimientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), hasta el punto que este organismo ha determinado “la obsolescencia del proyecto utilizado para convocar las cinco licitaciones abiertas”.

Además de la devolución de los avales, Enresa deberá reintegrar a las empresas el coste financiero del periodo correspondido entre el 1 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2019. La Abogacía del Estado calcula para ello una horquilla entre 596.685 euros y 1,313 millones, “diferencia que obedece a que se han utilizado para realizar los cálculos dos tipos de referencia de dos entidades bancarias, bastante alejados entre sí”.

Dragados, FCC y Sacyr reclamaron los avales desde 2017

El largo proceso de adjudicación de la obra civil del polémico ATC, que se remonta a 2014, ha mantenido atadas a sus avales a las 14 constructoras asociadas en cinco UTES que fueron admitidas para su licitación. Desde 2017, las empresas han venido solicitando información sobre el expediente de contratación y, en algunos casos, han solicitado la devolución de las garantías. Este ha sido el caso de las agrupaciones lideradas por FCC, Sacyr y Dragados.

En el caso de Sacyr, el pasado diciembre comunicó su intención de reclamar judicialmente la devolución de los avales, junto con el coste del mantenimiento bancario. En ningún caso, según información de Enresa, las empresas “habían expresado su voluntad de retirar las ofertas presentadas”.

La Abogacía del Estado advierte a Enresa que si renuncia a la celebración de los cinco contratos licitados para la construcción del ATC de Villar de Cañas, las empresas le exigirán la devolución “de los costes soportados por mantenerlos”. Los intereses calculados oscilan entre los 596.685 euros a 1,313 millones de euros.

El acuerdo para el cierre del parque nuclear español que Enresa firmó con las eléctricas el año pasado incluía un incremento de casi el 20% de la tasa de residuos, que se aplica desde enero.

MÁS INFORMACIÓN

Fuente: Cinco Días