Los números rojos de la Seguridad Social no se deben solo al gasto en pensiones. “Hemos cargado a las cotizaciones con políticas que no deberían asumir”, ha apuntado el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, José Luis Escrivá, que ha desgranado algunas de esas “políticas”: “políticas activas de empleo”, subsidios y costes administrativos y de gestión del instituto previsor. Todo esto lleva a Escrivá a pedir “que se visualice ese déficit donde debe estar, en el Estado; que se visualice en la Seguridad Social es desviar la solución del problema”.
Para Escrivá, el Ministerio de Trabajo “no tiene palancas” para abordar el problema actual, porque “las cotizaciones ya están en un nivel muy alto”. Y debe ser el Estado en su conjunto, es decir, Hacienda con recursos procedentes de impuestos quien ayude a financiar la Seguridad Social descargándole de gastos que no debería asumir, como se desprende de su intervención en un evento organizado por Servimedia.
Escrivá cree que “la sostenibilidad de las pensiones es importante, aunque manejable en su dimensión. Pero las decisiones hay que tomarlas con tiempo”. Su posición parte de un optimismo mayor que el de estudios que se han situado “en un escenario de japonización […] a medio y largo plazo”. Es decir, un gran envejecimiento y pérdida de población activa. Frente a esto, él prevé que la sociedad española “va a reaccionar ante la pérdida de población” y pondrá en marcha políticas de incentivos a la natalidad y reactivación de flujos migratorios.
En el mismo acto que el presidente de la Airef participaron los responsables de Seguridad Social de los sindicatos UGT y CC OO, Mari Carmen Barrera y Carlos Bravo. Ambos defendieron que las pensiones se revaloricen con el IPC y no pierdan poder adquisitivo. También está Escrivá en esta postura, entre otro motivos, quien se ha mostrado muy crítico con el mecanismo creado en la reforma de 2013 que revalorizaba las pensiones cada año en función del estado financiero del instituto público y resultaba un incremento del 0,25% anual.
Barrera, en su intervención, anunció que su organización y CC OO pretenden poner en marcha una iniciativa para comprometer a todos los grupos parlamentarios a subir las pensiones con el IPC en enero. Esto tiene sentido en el contexto actual, en el que la reforma de 2013 está suspendida hasta este año, pero no derogada. Eso supone que en 2020 las pensiones subirán un 0,25% salvo que una norma con rango legal (ley o decreto-ley) determine otra cosa y eso es algo que no está entre las atribuciones de un Gobierno en funciones como el actual.
Fuente: El País