Con frecuencia los Gobiernos lanzan medidas estupendas, impecables desde la lógica económica o medioambiental, que fracasan estrepitosamente. Sucedió en 2018 con la subida del precio del gasoil en Francia, al equipararse progresivamente su fiscalidad a la de la gasolina, una vez se comprobó que aquel carburante, antaño considerado menos contaminante, ensuciaba aún más.
Bastaron cuatro sábados de violentas acciones de los chalecos amarillos rurales para arruinar el proyecto. Y con él, la credibilidad reformista de Emmanuel Macron, quien se había encumbrado por sus promesas de no ceder ante las protestas contra sus reformas. Destruido el mito, no es extraño que el fiasco se repita con las pensiones. Son un dislate: tienen 42 regímenes, como sucedía en Grecia; carecen de tope, al calcularse sobre el último sueldo; y la gente se jubila a los ¡62 años! Recuérdese que el Retiro Obrero en España se instauró en 1919 a los 65 años: poco antes de esa fecha la esperanza de vida lindaba los 45, y ahora casi los dobla (84/85). Así que aplazar la jubilación no es sensato, es imprescindible.
El Gobierno Macron ya ha hecho concesiones y sacrificado a su ministro del ramo. El mal es más profundo. Ninguna reforma necesaria triunfa sin negociar y pactar de entrada compensaciones adecuadas a los afectados.
Sucede también en España, con particularidades. Aquí las Administraciones aún no han aprendido que carecen de independencia y que su autonomía es escasa. Si no pactan con los otros niveles de la multigobernanza, resultan impotentes. El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado que desde hoy no circulen por casi todo su territorio los coches más contaminantes: la ambición es pionera por enorme, desborda su almendra central.
Las compensaciones previstas a quienes deban achatarrar su vehículo (las clases menos pudientes) son ridículas: los aparcamientos metropolitanos disuasorios a la entrada de la ciudad apenas existen; la tarjeta trienal gratuita de transporte público es inútil para quien carezca de él en su cercanía; la subvención a las bicis eléctricas es angelical. ¿Por qué el municipio no acordaba con la Generalitat y el Gobierno central un Plan Renove favorecedor de los coches eléctricos para discriminar a favor de los sectores de menores ingresos, y evitar que surja una versión urbana de los chalecos amarillos, o hacerle el caldo gordo al parafascismo demagogo de Vox?
Igualmente, el paquete de aumento de impuestos lanzado para la Generalitat por Esquerra y aplaudido por los comunes contiene elementos razonables en sucesiones y patrimonio: el que menos, subir el IRPF de las capas por encima de 90.000 euros anuales, que ya pagan mucho más que sus vecinos territoriales. En ausencia de pactos con todas las autonomías para armonizar una horquilla de máximos y mínimos en sucesiones, donaciones y patrimonio, refuerza el ventajismo del paraíso fiscal madrileño. Pero se prefiere la apariencia del anuncio grandilocuente a la eficiencia del laborioso pacto. Que además supone interdependencia, para nada la imposible independencia (fiscal).
Fuente: El País