La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado esta mañana que trabaja en una reforma fiscal para actualizar el sistema tributario a «una sociedad del siglo XXI». Y entre las medidas que baraja destaca una deducción para impulsar la igualdad «efectiva» en las empresas que ayude a acabar con la brecha de género. También ha avanzado que quiere limitar las deducciones a las grandes empresas que tributen por debajo del 15%, que retomará la tasa Google y ha descartado subir el IRPF.

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Durante una entrevista en la Cadena Ser, la ministra ha explicado que pretende «dar respuesta a los retos de la tecnología, de la globalización, de la economía colaborativa, de aquellas áreas de actividad que no han encontrado encaje en la fiscalidad tradicional y que están provocando una competencia desleal para sectores tradicionales, como el comercio, y son sectores que tienen que contribuir en mayor medida a la redistribución de la renta y los servicios públicos de los ciudadanos».

Montero, que antes del ministerio fue consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía, una de los territorios que más ha avanzado en la consolidación fiscal, ha anunciado: «Junto con los impuestos tecnológicos, los de la banca, los medioambientales y aquellos que promuevan la igualdad, que también es un área que estamos explorando para intentar que la fiscalidad contribuya a que la sociedad se feminice. «Por eso», ha dicho la ministra, «estamos estudiando deducciones para que las empresas tengan una política de igualdad efectiva, que permitan una conciliación real y la incorporación de las mujeres a posiciones de responsabilidad, que es quizás el gran gap que tiene el sector empresarial».

Impuesto a las tecnológicas

La ministra también  ha anunciado que pondrá en marcha en los próximos meses el impuesto sobre las tecnológicas, conocido popularmente como tasa Google, un tributo que ya había previsto el anterior Ejecutivo para ayudar a pagar las pensiones. Se trata de una nueva figura impositiva sobre la actividad de las grandes multinacionales tecnológicas en el país. El anterior Ejecutivo había calculado que podría ingresar unos 600 millones de euros este año y otros 1.500 millones el próximo. «El Gobierno tiene intención llevar la tasa tecnológica al Congreso de los Diputados, que permita que esa área de actividad pueda aportar, porque no está aportando lo mismo que otro sectores», ha subrayado.

Montero también ha avanzado que establecerá un tipo mínimo del impuesto de sociedades a partir de un determinado nivel de beneficios. «Si por ejemplo, estamos hablando de que tengan que pagar en torno al 15% no se puedan aplicar deducciones posteriormente. La realidad es que la contribución que hacen las empresas, y sobre todo las grandes empresas, que son las que tienen margen para poder aportar, no se adecua el tipo teórico (25%) al real que sale después de practicar toda una arquitectura de deducciones que tienen una gran complejidad y que hacen al final el tipo medio real del 12%». La ministra ha enfatizado: «Nuestro interés es que haya un tipo mínimo a partir del cual no se puedan aplicar deducciones añadidas».

Limitar deducciones a las grandes empresas que pagen menos del 15%

La titular de Hacienda también ha asegurado que trabaja en un impuesto a la banca, una de las grandes propuestas del PSOE cuando estaba en la oposicion. «Este impuesto sería muy novedoso», ha dicho, «porque no existe en el entorno europeo». Y tendría un carácter finalista para ayudar a financiar la Seguridad Social, que padece un déficit estructual de unos 16.000 millones de euros al año por el pago de las pensiones. «La banca española conoce todas las iniciativas previstas por el PSOE; algunas también por el PP. Queremos que sean comprensivos sobre que vamos a hacer algo razonable y progresivo y que puedan aportar porque hay margen para hacerlo»:

Respecto a los impuestos medioambientales, la ministra ha señalado: «Más que un afan recaudatorio, lo que se trata es de diseñar una política que sea disuasoria con las conductas agresivas con el medio ambiente». Y por ello trabaja para fijar nuevo gravámenes sobre actividades o productos contaminantes de la mano del ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera. Entre las medidas que se estudia está la equiparación del impuesto del diésel con la gasolina.

La ministra ha especificado que tendrá que darse prisa para diseñar toda esta batería de medidas tributarias porque algunas son de nueva creación, se trata de nuevos impuestos, que no pueden ir en la ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que solo puede recoger modificaciones sobre impuestos ya en vigor. Así que los nuevos tributos requieren una tramitación distinta.

Más techo de gasto

Este impulso fiscal permitirá tener más recaudación y, por tanto, permitirá al Gobierno de Pedro Sánchez incrementar el techo de gasto, el límite de gasto no financiero de los ministerios, la primera cifra a partir de la que se construyen los Presupuestos del año siguiente. «Se trata de que estos ingresos permitan recuperar parte del gasto social que se perdió con motivo de la crisis, iniciar nuevos proyectos e impulsar la actividad económica», ha sostenido.

«Sería bueno y conveniente que cada uno (autónomos) pudiera cotizar en función de lo que está ganando. Pero igual que estamos hablando de conseguir nuevos ingresos, tenemos que intensificar la lucha contra el fraude fiscal», ha indicado Montero cuando se le ha preguntado de los autónomos. 

Blindar el Estado de bienestar

Montero ha reconocido que no es posible en este momento abordar una reforma integral del sistema de financiación. Sin embargo, ha avanzado que «se producirán mejoras en el modelo». «Estamos intentando que sea más confortable el tránsito de la senda de estabilidad, que han sido cumplidoras del déficit junto a los Ayuntamientos, y por otra parte que puedan disponer de más recursos para poder destinar a la sanidad, a la educación a la dependencia, a lo que son los pilares del estado de Bienestar».

«El debate no está tanto en torno a cuánto es la financiación que cada una de las adnministraciones tenemos que tener, si no cómo blindar la financiación de determinadas competencias». ha remarcado.

Autorizar a las comunidades que vuelvan a los mercados

Respecto a la deuda de las comunidades con el Estado, que asciende a casi 165.000 millones de euros, Montero ha explicado que estudia «que algunas comunidades que tienen dificultad de que se le cubra por parte de las entidades financieras la deuda a corto plazo, puedan llevarla al medio plazo. Es decir, puedan hacer una pequeña reestructuración de la deuda».

Pero la ministra también ha añadido que tiene la intención de que las comunidades regresen a los mercados financieros de forma progresiva. «Tenemos previsto aprobar de forma inminente la autorización de las primeras comunidades autónomas que van a volver a financiarse por sí mismas en los mercados, algo que da una señal de normalidad y de recuperación de competencias»:

Ante la incapacidad para sacar adelante una reforma de la financiación regional, el anterior Ejecutivo del PP estaba preparando un plan para reestructurar la deuda de las comunidades con el Estado. Consistía basicamente en alargar plazos, a unos 40 o 50 años, y rebajar tipos. De tal forma que la carga financiera apenas supusiera un lastre para las autonomías.

Fuente: El País