El Ministerio de Hacienda no va a avivar la polémica abierta por la Junta de Andalucía, dirigida por PP y Ciudadanos, que ha acusado al Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez de “intervenir financieramente” a la comunidad al impedirle acudir a los mercados para financiarse, como hizo el año pasado, por haber incumplido el objetivo de estabilidad, de deuda pública y la regla de gasto del ejercicio de 2018. El Gobierno central enmarca la advertencia dentro del cumplimiento de las condiciones estipuladas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y niega que detrás de ella se esconda una intención política de bloqueo de la gestión económica del bipartito, como se asegura desde San Telmo, sede de la Junta.

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Para la Consejería de Hacienda esta decisión, comunicada por el secretario general de Hacienda en una carta fechada el 5 de diciembre, implica una reversión de las medidas adoptadas en materia fiscal en el último año y de las previstas en los Presupuestos de 2020, así como la obligación de realizar recortes y recuerda que las cuentas de 2018 por las que se les penaliza fueron elaboradas por anterior Gobierno socialista. “Al intervenir Andalucía en base al Presupuesto de 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez bloquea el exitoso proceso de salida al mercado financiero que se ha consolidado en 2019 y tenía previsto continuar en 2020”, señalan desde el Ejecutivo regional.

En el ministerio niegan que el contenido de la carta implique una intervención financiera, toda vez que no se cierran las vías de financiación a la Junta de Andalucía, que podrá seguir haciéndolo a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Señalan que si la comunidad pudo salir al mercado en octubre del año pasado fue gracias al impulso del Gobierno socialista a través de acuerdo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del 10 de julio de 2018. “Andalucía cumplía los objetivos establecidos en la Ley de Estabilidad en 2017 y por eso se le autorizó, pero esos requisitos no se dan en 2018 y por eso no puede optar por esa vía”, explican para recalcar que es el incumplimiento de las reglas fiscales lo que impide a la comunidad acudir a los mercados, negando así cualquier trato arbitrario desde el ministerio. “El hecho de financiarse a través de los fondos de liquidez autonómicos o presentar planes de reequilibrio entra dentro de la normalidad de los últimos ejercicios y no implica una intervención de las cuentas públicas. Prácticamente todas las comunidades en un momento u otro, han estado en esta situación”, señalan en Hacienda.

La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria estipula que las comunidades autónomas en situación de incumplimiento deben presentar un Plan Económico Financiero en el que detallen cómo van a corregir los desfases. “Las comunidades son libres para determinar los ajustes que quieren realizar, desde el Ministerio no se les obliga a que eliminen las rebajas fiscales o recorten en áreas concretas”, advierten. De hecho, fue la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), quien, precisamente el mismo día en que la Junta recibió la carta de Hacienda, advirtió a Andalucía y otras comunidades como Madrid y Aragón, de la oportunidad de aplicar rebajas de impuestos en la actual coyuntura económica. “Podría no ser un momento para aplicar medidas de carácter fiscal», señaló el organismo, que avisó de que si optaban por mantenerlas deberían plantear «actuaciones que favorezcan el cumplimiento de las reglas fiscales y el proceso de consolidación»

Esta mañana el consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, ha disipado el temor, propagado por su propio Ejecutivo, de que el plan de ajustes incluya recortes en Sanidad o Educación. “Este Gobierno no va a recortar nunca en educación, sanidad y dependencia, eso lo pueden tener seguro. Vamos a seguir trabajando con nuestros presupuestos y con nuestra actuación, que está siendo bastante más correcta de la que recibimos”, ha asegurado en una entrevista a Canal Sur.

El consejero de Hacienda ha asegurado que aún queda margen para negociar, y ha insistido en vincular la carta con un embate del Gobierno central a las políticas de la nueva Junta. “Nos han vuelto a poner de nuevo palos en las ruedas al crecimiento porque no le gusta ver que Andalucía crece de manera diferente, actuando con el diálogo y aceptando enmiendas de otras fuerzas políticas”, ha remarcado.

Bravo ha sido muy crítico con su homóloga en el Gobierno central, María Jesús Montero, precisamente quien, cuando estuvo al frente de las cuentas públicas de Andalucía, se encargó de redactar los presupuestos de 2017 y de preparar los del 2018, que aprobó su sucesor, Antonio Ramírez de Arellano. “Cuando estaba como consejera no cumplió ninguna de las reglas y ahora como ministra no es capaz de sacar un presupuesto y además nos interviene, que para eso parece que no está en funciones», ha afirmado. Montero, por su vinculación con Andalucía, es objeto de diana constante por parte del Ejecutivo bipartito y de sus respectivos partidos que impulsaron su reprobación en el Parlamento andaluz por hacerla responsable de “bloquear” 1.350 millones de euros del Estado que corresponderían a la comunidad por las entregas a cuenta de la financiación autonómica y la recaudación del IVA.

Andalucía cerró el déficit del ejercicio de 2018 en el 0,41%. A lo largo de 2019 se declararon gastos sobrevenidos imputados a 2018, lo que hizo que el déficit definitivo de 2018 se fuera al 0,51% (813 millones), por encima del objetivo fijado del 0,4%. Esos gastos sobrevenidos se deben al cumplimiento de sentencias judiciales condenatorias contra el anterior Gobierno socialista. Entre ellas, la del retraso de las obras de la Línea 1 del Metro de Sevilla (167 millones de euros, incluidos casi 38 millones por intereses) y la del llamado ‘caso Nevada’, por el que la Junta fue condenada a pagar 165 millones de euros a un promotor inmobiliario por paralizar su centro comercial en Granada.

Para el anterior consejero de Hacienda el socialista, la carta enviada por el Ministerio de Hacienda plantea “una cuestión técnica” que no implica ni la “intervención” de la comunidad, ni obliga a esta a hacer “recortes”, como ha dicho el actual Gobierno de PP y Ciudadanos. “Eso son excusas absurdas”, ha comentado. “No hay ningún peligro de liquidez. Es lo mismo que se ha hecho siempre cuando no se cumplen los requisitos para emitir deuda pública”.

Desde la Junta también se ha reprochado en estos días, como ejemplo de la animadversión del Ejecutivo de Sánchez hacia la comunidad, que el único territorio que no ha recibido los anticipos a cuenta es el andaluz, destacando que incluso Galicia los había percibido. Desde el ministerio aseguran que esas cantidades están siendo abonadas a todas las regiones entre noviembre y diciembre.

Retraso en la recepción de la carta de Hacienda

La carta que el Ministerio de Hacienda remitió a la Consejería hómologa en Andalucía está fechada el 5 de diciembre, sin embargo el Gobierno andaluz no la esgrimió durante las sesiones de aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2020, celebradas el miércoles y el jueves de la semana pasada, y solo la ha dado a conocer este lunes. Desde la consejería alegan que el 5 de diciembre era el arranque del puente de la Constitución y la Inmaculada y que no llegó hasta el martes 10. Su remitente, el secretario general de Hacienda, no estaba ese día en la sede del Departamento, por lo que su equipo tuvo conocimiento efectivo del contenido el miércoles.

«El consejero solo pudo estudiar el contenido y su repercusión entre el jueves y el viernes», señalan desde la consejería. «El jueves el presidente de la Junta no sabía nada de la carta», aseguran. Desde el Departamento que dirige Juan Bravo denuncian que el sistema elegido para la comunicación por parte del Ministerio no es el que se recoge en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. «La norma señala que debe haber un requerimiento previo», afirman.

Fuente: El País