Con la escenificación habitual de los últimos años, el verde dominando en la sala y una entrada triunfal en el estrado, y las protestas de los trabajadores de la central térmica asturiana de Lada y de la firma Inacosa amenizando en las puertas del Palacio Euskalduna, Ignacio Sánchez Galán ha iniciado con suma puntualidad la junta general de accionistas de Iberdrola en Bilbao. Tras los correspondientes saludos y repasos a las grandes cifras y actuaciones del ejercicio, el presidente de la eléctrica ha desvelado que todo está preparado para que este año el beneficio bruto del grupo (ebitda) crezca más del 20% hasta superar los 9.000 millones de euros y el beneficio neto se sitúe cerca de los 3.000 millones, lo que supone un crecimiento de cerca del 7% sobre los 2.804 de 2017.
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De esta forma, Galán considera que es un comienzo para ejecutar el plan 2018-2022 presentado en febrero y que prevé alcanzar al final del periodo un ebitda de 12.000 millones y un beneficio neto de alrededor del 30% superior al del pasado ejercicio, es decir, por encima de los 3.600 millones. El plan también contempla una inversión de 32.000 millones que irán destinados a los mercados principales del grupo (EE UU, Reino Unido, Europa continental, México y Brasil). La mitad de esa inversión se centrará en redes de distribución y transporte y un 37,5% en energías renovables.
Con esas previsiones, la empresa estima que podrá mantener la política de dividendos, lo que supondrá incrementarlo hasta 0,4 euros en 2022 y repartir un total de 2.500 millones. Los dividendos correspondientes al periodo citado de 2018-2022 se elevarán hasta 12.000 millones frente a los 5.000 millones de los cinco años anteriores. En concreto, el último ha sido de 0,323 euros con un aumento del 4%. Así, a los 0,14 ya abonados en enero se suman otros 0,183 por acción.
Galán ha reclamado la implantación de medidas estructurales encaminadas a reforzar la competitividad en Europa. En ese sentido, ha apelado a las peticiones del European Roundtable of Industrialists (asociación que reúne a 50 empresas industriales europeas y de cuyo comité ejecutivo forma parte): fomentar la reindustrialización, modernizar el sistema educativo para adaptarlo a los avances tecnológicos, homogenizar la legislación fiscal adaptándola a la economía digital, promover el comercio internacional y dotarse de un sistema energético sostenible, seguro y competitivo con marcos predecibles y estables.
Fuente: El País