MÁS INFORMACIÓN

La subida de los alquileres en las ciudades españolas es un problema a escala europea. Precios que suben más que los salarios, desahucios, vivienda social insuficiente… En este contexto, plataformas ciudadanas de 19 países han llevado a la Comisión Europea una Iniciativa Ciudadana llamada Housing for all(Vivienda para todos) que pide un marco jurídico que permita aumentar la vivienda pública. Y convocan mañana en varias ciudades europeas, entre ellas varias españolas, protestas para “pinchar la burbuja del alquiler”.

En España son una veintena las organizaciones impulsoras de la Iniciativa Ciudadana Europea. Una idea que las organizaciones explicaron ayer en Barcelona y que surgió de la ciudad austríaca de Viena, que paradójicamente tiene un parque de vivienda pública que se considera ejemplar. “La alarma la lanzaron los promotores sociales de vivienda asequible. Ven que la legislación se endurece y que la UE está limitando las ayudas de vivienda solo a las rentas muy bajas”, explicó la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.

Las plataformas —entre las que en España figuran desde la PAH o el Sindicato de Inquilinos hasta la Mesa de Entidades del Tercer Sector, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona o impulsores de vivienda cooperativa— han comenzado a recoger firmas para la Iniciativa Ciudadana, que ya ha sido aceptada por la Comisión Europea.

Tienen un año por delante para recabar, en toda la Unión, un millón de apoyos a un texto que plantean cinco demandas: que no haya límite en gasto público para vivienda; que las ayudas no sean solo para las familias con rentas bajas; facilitar financiación pública para hacer pisos sociales; regular la duración de los contratos; y que la vivienda figure en las estadísticas europeas con metodologías homogéneas.

Para todo ello es necesario modificar el texto del tratado fundacional de Maastricht, que reconoce la vivienda como un derecho, destacó el portavoz de la iniciativa en España, Xavier Mas de Xaxàs. Además de en España y Austria, hay entidades promotoras en países como Reino Unido, Alemania, Finlandia, Francia, Portugal, Malta, Italia, Hungría, República Checa o Chipre.

Las organizaciones de Barcelona enmarcaron el lanzamiento de la Iniciativa en la precampaña de las elecciones europeas de mayo y las movilizaciones previstas para el fin de semana. “Es la ocasión de trasladar demandas concretas al espacio normativo de la UE, de transformar la retórica del derecho a la vivienda en el marco jurídico a través de organizaciones de todo el continente”, afirmó Javier Sánchez, del Sindicato de Inquilinos.

Los datos en España dan cuenta de la magnitud de la crisis de la vivienda. Los alquileres no han parado de subir desde 2013 mientras los salarios se mantienen. En cinco años, las rentas han subido un 51% en Palma de Mallorca, un 45% en Barcelona y un 28% en Valencia y Madrid, según datos de portales inmobiliarios. De media, los españoles destinan el 34% de su salario al alquiler, aunque el porcentaje se dispara en comunidades como Cataluña, donde asciende al 51% de los ingresos (en la Comunidad de Madrid y el País Vasco es del 44%). También Cataluña lidera los desahucios por alquiler: el año pasado hubo 8.877, una cuarta parte del total de 37.285 en España.

No es casualidad que los movimientos por el derecho a la vivienda sean fuertes en Cataluña y especialmente en Barcelona. La ciudad suele liderar iniciativas como la manifestación de este sábado. También hay protestas convocadas en Madrid, Zaragoza, Palma de Mallorca o Coruña. Y en Europa está prevista una manifestación en Berlín, donde está sobre la mesa la idea de nacionalizar vivienda de grandes propietarios. Otras ciudades donde se han convocado protestas son Lisboa o París.

“La burbuja del alquiler afecta a todo el continente. Tiene que ver con la mercantilización del mercado: se agudiza la transformación de la vivienda en un producto financiero, lo que provoca que cada vez sea menos asequible y estable”, lamenta el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Barcelona, Jaime Palomera.

Fuente: El País