El Gobierno y los sindicatos de la función pública pactado este lunes por la tarde, tras varios días de negociaciones, una oferta de empleo que oficialmente se acercará a las 20.000 plazas. No obstante, hay que tener en cuenta que en esta cantidad se incluyen unas 1.800 plazas que salieron en una convocatoria extraordinaria realizada en 2017. Por lo que si se descuentan esas, que forman parte de la oferta de empleo público de este año, la cifra queda en algo más de 17.500.

Estas cifras agregada se desglosan en 10.016 correspondientes a lo que se llama turno libre. En ellas, abiertas a todos los opositores, se incluyen las plazas que buscan cubrir las bajas que se producen todos los años (principalemente por jubilación). Este año se cubrirán todas las bajas, puestos que la tasa de reposición es del 100%.

Además, hay 485 adicionales de aumento de plantilla. Son estas las que permiten aumentar de forma neta los puestos de trabajo en la Admnistración central. Estos casi 500 puestos de trabajo adicionales se destinarán a reforzar la lucha contra el contra el fraude fiscal y laboral. También irán a la administración de la Seguridad Social, un departamento del estado con la plantilla notablemente envejecida, señalan los sindicatos.

A la oferta del turno libre hay que sumar la destinada a promoción interna, que asciende a 5.977 plazas. Las cifras del acuerdo se completan con 2.863 puestos de trabajo creados para consolidar plazas ocupadas por interinos. Estos empleos corresponden fundamentalemente a la Agencia Tributaria, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Imserso.

Por último hay que añadir una oferta extraordinaria de 323 empleos hecha para reforzar los centros de estancia de inmigrantes y los centros de acogida.

Para la ministra de Administraciones Territoriales, Meritxell Batet, los acuerdos suscritos suponen «recuperar derechos perdidos en tiempos de crisis» y «mejorarán la calidad del empleo en términos generales».

Para CSI-F, el acuerdo es “positivo”, según su representante en las negociaciones, Francisco Iglesias. Este sindicato reclama un “esfuerzo adicional para recuperar las 38.800 plazas perdidas por la Administración central desde 2010.

“Es un pacto positivo. Hay creación de empleo”, señaló José Manuel Vera, de CC OO. «El contenido es muy importante», ha ahondado este sindicalista.

En la misma línea de mostró el responsable de UGT, Carlos Álvarez: “Salimos satisfechos. Continúa la senda del acuerdo del año pasado”. Álvarez, además, señaló que «hoy ha cesado una injusticia. Los funcionarios de la Administración ya no tendrán que ir a trabajar enfermos o perder salario».

Álvarez se refería a la segunda parte del pacto. El acuerdo entre los sindicatos y el Gobierno incluye también que 100% del salario. Desde 2012, tras el decreto de recortes de ese año, se había quedado las remuneraciones de los funcionarios cuando estaban de baja quedaban en el 50% durante los tres primeros días y el 75% entre el cuarto y el vigésimo. En bastantes administraciones autonómicas ya se ha restituido ese recorte salarial.

Fuente: El País