Tres años después de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea que determinó que el céntimo sanitario era ilegal, el Gobierno sigue lidiando con las reclamaciones de los transportistas. La Agencia Tributaria ha habilitado una aplicación a través de su página web para «agilizar los trámites necesarios para proceder al abono de las cantidades debidas». Hacienda ha tramitado ya, a través de este procedimiento exprés, expedientes por importe de 38,85 millones de euros. Solo durante el pasado mes de noviembre tramitó casi la mitad de estos expedientes por importe de unos 18,35 millones, según explican desde el Ministerio de Hacienda.

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La historia del céntimo sanitario, como se conoce popularmente al impuesto sobre las ventas minoristas de determinados hidrocarburos (IVMDH), es una de las más alambicadas del sistema tributario español. Fue creado en 2001 por el Gobierno popular de Aznar para ayudar a las comunidades a financiar las nuevas competencias sanitarias. El tributo tenía un tramo estatal y otro autonómico. Hasta 13 comunidades recurrieron a él para financiar sus crecientes gastos sanitarios.

El impuesto estuvo vigente hasta 2012, cuando el Gobierno de Rajoy integra el tributo autonómico en el actual impuesto especial de hidrocarburos.

Anulado por el tribunal europeo

Pero en 2014 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que el impuesto que se aplicó entre 2002 y 2012 era ilegal y obligó al Gobierno a devolver lo cobrado a los transportistas.

El Ejecutivo procedió a devolver el dinero que no había prescrito, que se correspondía con pagos del impuesto realizados después de 2010. Esta factura le costó unos 2.000 millones de euros entre 2015 y 2016.

Pero unos 4.000 transportistas reclamaron porque consideraban que también tenían derecho a recuperar el dinero que habían pagado de años prescritos. Para tratar de frenar estos recursos, en febrero de 2015 el Consejo de Ministros rechazó la responsabilidad patrimonial del Estado que solicitaban miles de empresarios del transporte por la devolución de periodos prescritos.

Un año después, el Tribunal Supremo concedió la razón a los transportistas, que podrán recuperar otros 1.000 millones de euros. Para evitar que el Supremo se colapse con las cientos de reclamaciones de los transportistas, la Agencia Tributaria ha puesto en marcha a través de la sede electrónica en su página web una aplicación para solicitar la devolución y adjuntar los justificantes de pago.

Con esta plataforma, Hacienda también contestará los requerimientos sobre las reclamaciones. La Agencia Tributaria, además, ya ha tramitado decenas de expedientes por el importe conjunto de 38,85 millones de euros. Y Hacienda ha iniciado ya «la revisión de los correspondientes expedientes administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial».

Fuente: El País