El expresidente de la desaparecida Catalunya Caixa, Narcís Serra, y otros 14 miembros de la antigua cúpula de la caja desfilarán por la Audiencia Nacional como imputados en la investigación por el agujero que las operaciones inmobiliarias irregulares provocaron en la entidad a partir del próximo 20 de febrero.

Junto a Serra, que comparecerá el primero, ese mismo día las 10 de la mañana, deberán declarar el exdirector general de Catalunya Caixa Adolf Todó, el exvicepresidente de la entidad y actual presidente de Enagás, Antonio LLardén, y otra serie de altos cargos de la caja citados para los días 20, 21, 22 y 23 de este mes.

Así lo ha comunicado este miércoles el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en un auto que da a las partes tres días para presentar alegaciones y que conmina a los investigados a acudir acompañados de sus abogados.

Moreno instruye una investigación que atañe a determinadas operaciones sospechosas relacionadas con el ladrillo que, según recuerda Efe, acabaron provocando un agujero en la entidad de 720 millones de euros.

En marzo se cumplirá un año de la admisión a trámite de una querella de la Fiscalía Anticorrupción que señalaba que los responsables de la entidad habrían aprobado una serie de importantes operaciones inmobiliarias entre los años 2000 y 2013 que acabaron provocando un perjuicio a Catalunya Caixa.

La entidad acabó fusionada con otras cajas catalanas para formar Catalunya Banc, entidad que requirió un rescate público y que terminó siendo vendida a BBVA. Las pesquisas arrancaron a partir de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunciara una serie de operaciones irregulares detectadas en la entidad intervenida.

También están citados como imputados en la investigación el exdirector general de Catalunya Caixa José María Loza, el exdirector general adjunto Lluís Gasull, los exdirectivos Eduardo Aznar, Joan Valls, Joan Güell, Joan Manuel Pla, Josep Alonso y Joan Echániz; mientras, Josep Molins, Montserrat Robuste, Francisco José Villegas y Josep María Alentorn.

En paralelo a la presente causa, Serra y Todó están pendientes de ser juzgados por el caso de los presuntos sobresueldos percibidos en la entidad antes de su intervención por parte del FROB en la que la Fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de prisión.

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Fuente: Cinco Días