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La Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de CatalunyaCaixa Narcís Serra y al exdirector general de la entidad Adolf Todó en el caso de los sobresueldos abonados en 2010 a la antigua cúpula de esa entidad bancaria.

A mediados de noviembre, la Fiscalía rebajó de 4 a 3 años la petición de cárcel para ambos, pero el tribunal ha considerado que «no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación». Aunque la sala admite que la decisión se tomó en una situación muy delicada, “el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma ni el proceso que lleva a la misma” y abunda en la “inexistencia de elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito”.

El tribunal ha absuelto también a los otros 39 miembros del consejo de administración de CatalunyaCaixa que estaban acusados.

El texto hecho público hoy desestima las acusaciones por los acuerdos tomados en el Consejo de Administración de la caja en los que, en plena crisis económica, «con notable reducción de los beneficios, se incrementa el salario de varios de los principales responsables”.

Durante el juicio El expresidente de CatalunyaCaixa, Narcís Serra, defendió que el Banco de España conocía los aumentos de sueldo del consejo de administración de la entidad que se aprobaron en 2010. “Estoy convencido”, dijo en su declaración ante el juez, asegurando así que tanto el banco central como la Generalitat, que tenía capacidad inspectora sobre las cajas de ahorro, conocían la decisión. Serra indicó, no obstante, que para este tipo de comunicaciones “el sistema era muchas veces solo telefónico”.

Adolf Todó, que se incorporó a CatalunyaCaixa en 2008, fue el principal beneficiario de esa mejora salarial, además de su adjunto Jaume Masana. Su salario de entrada estaba compuesto por un fijo de 600.000 euros y un variable del 35% de esa cantidad en función de los objetivos conseguidos. En 2010, no obstante, consiguió mejorar su fijo un 1,5% y el variable pasó a tener un peso del 50%.

El fiscal de la causa rebajó de cuatro hasta los tres años la petición de penas de prisión para los máximos responsables de la entidad por sendos delitos de administración desleal por la subida de sueldos, además de una multa. El representante del ministerio público cifró el perjuicio económico de subir el sueldo a Todó en más de 415.000 euros.

Fuente: El País