La Audiencia Nacional tramita hasta la fecha un total de 259 recursos contencioso-administrativos sobre la resolución de Banco Popular, según los datos revelados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) en su informe anual.

El organismo dependiente del Ministerio de Economía explica que la Audiencia está dictando los respectivos autos acordando suspender su tramitación hasta que recaiga resolución definitiva en los recursos de anulación formulados contra la decisión de la Junta Unica de Resolución
(JUR), en su sesión ampliada con fecha de 7 de junio, por la que se adoptó la resolución sobre Popular, y que penden en el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE).

Además el organismo que preside Jaime Ponce destaca los «numerosos procedimientos mediante los que se ha recurrido la resolución de la comisión rectora del FROB de fecha 7 de junio por la que se acordó adoptar las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR de resolver Banco
Popular.

En concreto, revela que contra dicha resolución se interpusieron un total de 114 recursos potestativos de reposición, de los cuales ninguno ha prosperado, «siendo todos ellos objeto de inadmisión o desestimación» por parte de la comisión rectora del FROB.

En cuanto a los expedientes de transparencia tramitados durante 2017 por el organismo, tres de las resoluciones adoptadas por la comisión rectora del FROB en relación con las solicitudes de acceso a información relativa a la implementación del dispositivo de resolución del Popular fueron objeto de reclamación ante el consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Así, detalla que la primera de las reclamaciones interpuestas fue estimada «parcialmente» por dicho consejo de Transparencia, ante lo que el FROB interpuso recurso contencioso-administrativo contra dicha estimación parcial, y el juzgado competente ha dictado auto por el que acuerda la suspensión de la tramitación del mismo hasta que recaiga resolución definitiva del TGUE sobre los asuntos tramitados ante el mismo en los que se dilucida la conformidad a derecho de la decisión de la JUR.

Respecto a las otras dos reclamaciones presentadas, el consejo de Transparencia ha acordado suspender el plazo para resolverlas hasta que se produzcan los correspondientes pronunciamientos judiciales.

El organismo reconoce que el ejercicio 2017 quedará como un «año crucial» en la historia del FROB y del propio Mecanismo Unico de Resolución europeo (MUR) en el que se integra.

Así, recuerda que el MUR, «y con él el proyecto mismo de Unión Bancaria, fue puesto a prueba por primera vez» en junio de 2017 con la resolución por parte de la JUR de una entidad significativa española, el Banco Popular Español.

«Quizás por la acumulación de experiencia práctica, desde FROB siempre hemos reconocido la enorme severidad de las facultades que la norma atribuye a las autoridades de resolución y hemos sido conscientes de que nuestra intervención se desenvuelve en contextos críticos y supone
la aplicación de medidas muy rigurosas que generan perjuicios, que son especialmente sensibles cuando hay muchos minoristas afectados por la quiebra de un banco», argumenta el Fondo.

Pero, al mismo tiempo, afirma asumir la responsabilidad institucional de servir, por mandato legal, a un bien público superior como es la protección de la estabilidad financiera, de los depositantes y, en última instancia, de todos los ciudadanos, evitando el uso de recursos públicos.

«En este sentido, incluso en un escenario como el enfrentado en junio del pasado año, que se caracterizó por una extrema urgencia y, por tanto, complejidad, no podemos sino manifestar que la Junta Unica de Resolución cumplió adecuadamente con su cometido último, evitando que la inviabilidad de un banco privado lesionara un interés público superior», asegura.

El FROB también puso en conocimiento de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada un total de 57 informes en 2017 en relación con operaciones que pudieran ser constitutivas de delito realizadas en entidades de crédito receptoras de ayudas públicas.

Solo en el mes de marzo se remitieron un total de 10 informes en los que se analizaban determinadas operaciones irregulares anteriores a 2010.

Por otra parte, el FROB destacó que con las recompras de participaciones preferentes contingentemente convertibles en acciones ordinarias (los conocidos como `cocos’) por parte de Caja3 (hoy Ibercaja) y de Ceiss (grupo Unicaja) a lo largo de 2017, todas las entidades han devuelto íntegramente las ayudas recibidas. En concreto, de un importe inicial suscrito por el Frob de 407 millones de euros en `cocos’, Ibercaja amortizó 183,4 millones en 2016 y 224 millones en 2017.

Por su parte, a 31 de agosto de 2017 Unicaja adquirió anticipadamente la totalidad de la emisión de obligaciones convertibles emitidos por Ceiss en abril de 2013 y que mantenía el FROB por un total de 604 millones.

Durante el plazo en el que los `cocos’ han estado en el balance del FROB han generado intereses por 143 y 240 millones de euros que las entidades han abonado íntegramente.

Asimismo, el organismo señaló que los planes de reestructuración de la mayoría de las entidades que recibieron apoyos públicos se cerraron en 2017, quedando únicamente dos que han concluido ya en abril de 2018.

En 2017 se impulsó el proceso de reorganización de sus entidades de crédito participadas, Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), que ha concluido con la fusión de ambas, como estrategia que favorece el mandato de optimizar la capacidad de recuperación de las ayudas públicas. Asimismo, en diciembre se puso a la venta a través de la matriz BFA el 7% del capital de Bankia,
reiniciando de esta manera su proceso de privatización, en línea con el mandato que tiene el organismo.

En la memoria del FROB también se recoge que el Estado ha recuperado unos 5.900 millones hasta finales de 2017 de las ayudas a la banca, apenas el 10 % de los más de 59.000 millones aportados a través de inyecciones de capital y garantías concedidas a los compradores.

El dinero recuperado suma exactamente 5.911 millones, pero no incluye más de 2.122 millones obtenidos con la venta de acciones de Bankia ni 535 millones abonados por la entidad en dividendos, ya que ese dinero se mantiene en BFA, la cabecera del grupo controlada íntegramente por el Estado.

Según la información actualizada este jueves por el FROB, las ayudas mediante compra de acciones, participaciones preferentes o emisiones de convertibles ascendían a 56.545 millones, a las que hay que sumar 2.491 millones en esquemas de protección de activos o garantías que blindan a los grupos que compraron las maltrechas entidades.

Esta última partida ha variado y ha hecho que el total de ayudas llegue a 59.036 millones a finales de 2017, de los que ahora se han recuperado 5.911 millones, en parte gracias a la devolución por parte de Unicaja e Ibercaja el pasado año de los «cocos» suscritos por Ceiss y Caja 3, ahora integradas en ambos grupos.

El grueso del dinero retornado procede de intereses cobrados por las ayudas, 1.434 millones, pero también destacan 977 millones por la venta de Banca Cívica, 800 millones por CajaSur, 783 millones por Novacaixagalicia y 782 millones por CatalunyaCaixa.

Completan la partida del dinero recuperado por el FROB los 604 millones devueltos por Unicaja de las ayudas a Ceiss; 407 millones reintegrados por Ibercaja de los «cocos» de Caja3 y 124 millones devueltos por Liberbank.

En el caso de las garantías, cuya factura suma ya 2.491 millones, el epa concedido a CaixaBank en la compra del Banco de Valencia es el que tiene mayor coste hasta el momento, 666 millones, seguido del otorgado principalmente a BBVA en la adquisición de Catalunya Banc, que asciende
a 526 millones de euros.

No obstante, hay que tener en cuenta que en esta partida se incluyen también las ayudas a Blackstone por comprar una cartera de préstamos morosos de Catalunya Banc antes de su traspaso a BBVA, que solo en 2017 costó al Estado 37,5 millones.

A continuación figuran las garantías de Ceiss, 430 millones, y las de Novacaixagalicia, de 382 millones, de las que se beneficia su comprador Abanca, del grupo venezolano Banesco, que solo en 2017 recibió 327 millones por este concepto.

Pero además, la última memoria del FROB recoge que en 2018 el coste de las garantías seguirá aumentando porque tiene previsto pagar 37 millones de euros más a CaixaBank por créditos deteriorados de Banco de Valencia, entidad que adquirió por un euro.

Por otro lado, la memoria recuerda que Bankia ha devuelto 1.847 millones a los accionistas por su salida a bolsa y 170 millones al 3 % de los clientes que tenían hipotecas con cláusulas suelo.

Y añade que Bankia cuenta con una provisión de 2.910 millones de euros, de la que ha consumido 2.719 millones para compensar a quienes adquirieron participaciones preferentes o deuda subordinada.

Fuente: Cinco Días